• El dictamen pasó al Ejecutivo

27-04-2012.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, cuyo objetivo es proteger a quien por su participación en este tipo de procesos se encuentre en situación de riesgo o peligro.

Con 285 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, también se acordó establecer que la información relacionada con las personas protegidas es reservada y de confidencialidad en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), salvo la estadística que no las ponga en riesgo.

De acuerdo con el dictamen remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, podrán ser sujetos a protección las víctimas, ofendidos, peritos, policías, ministerio públicos, servidores público del Poder Judicial, en suma, “todo aquel que por su intervención en el procedimiento penal se encuentre en situación de riesgo o peligro”.

Se crea el Centro Federal de Protección a Personas como órgano desconcentrado y especializado de la Procuraduría General de la República (PGR), con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección.

En el documento se precisa que dicho ordenamiento es innovador e indispensable para garantizar el correcto desarrollo de la impartición de justicia y el ejercicio armónico que otorgue la libertad para practicar el derecho de toda persona a participar sin cortapisas y con seguridad en su persona, en el procedimiento penal.

Por la Comisión de Justicia, su presidente, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI), fundamentó que la Ley busca instrumentar la reglamentación de los testigos, pues se hace una distinción de los que son víctimas de un delito, de los circunstanciales y colaboradores -que son los miembros de bandas de delincuencia organizada que ayudan a la investigación-.

Mencionó que, en la práctica, el sistema actual de protección de testigos ha fracasado pues varios de ellos han sido desprotegidos y privados de la vida, por eso, con el dictamen se establecen medidas de defensa y se crea un fondo con recursos presupuestales para la asistencia personal, médica, psicológica, psiquiátrica y para los apoyos económicos de testigos.

Se involucra, dijo, el concepto de testigos a las personas que participan en la investigación y en el juzgamiento de las bandas de delincuencia organizada. Esto es: peritos, ministerios públicos, policías y jueces para cerrar el círculo de protección en contra de la impunidad.

Afirmó que la minuta es de la mayor importancia, porque regula la reforma constitucional en materia de testigos protegidos; así como el inicio, la duración y la terminación del programa a los testigos, y sobre todo, se inserta en los tratados internacionales firmados por México, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y en la Convención de Combate a la Corrupción.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN) resaltó que con el dictamen se establecen medidas para preservar la vida de personas que aporten pruebas y testimonios en juicios contra integrantes de la delincuencia organizada. “Se brindan herramientas contra las bandas delictivas”.

Por el PRD, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo aseguró que el dictamen representa un instrumento importante que se le entrega al Ejecutivo Federal, a la PGR, “para que con eficacia pueda llegar a encarcelar a todos aquellos que están azotando a la sociedad”.

Del PVEM, el diputado Pablo Escudero Morales subrayó que es correcto poner un candado para que el nombramiento del director del Centro Federal de Protección, sea una propuesta del titular de la PGR y un nombramiento del Presidente de la República.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó que con la aprobación de esta ley se entrega a la autoridad persecutora de los delitos un instrumento jurídico que aporta a la debida protección de las personas y al combate de las organizaciones delictivas, toda vez que la impunidad es muy alta, ya que la gente tiene miedo de denunciar ante la colusión de los ministerios públicos o las policías con los delincuentes.

Al hablar en contra, el diputado Jaime Fernando Cárdenas (PT) dijo: “No puedo estar a favor de una figura como la del testigo protegido, que aquí en esta ley se llama testigo colaborador, porque violenta los principios clásicos del derecho procesal penal y el derecho constitucional penal”.

Dictamen

En el dictamen se establece la colaboración de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la aplicación de las medidas en la Ley a través de la suscripción de convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos; se deberá precisar los principios de proporcionalidad y necesidad, así como el de celeridad.

Se puntualiza que el Director del Programa Federal de Protección a Personas estará sujeto a las disposiciones establecidas en la presente Ley, respetando en todo momento su autonomía; asimismo señalar que el encargado del Centro Federal de Protección a Personas, será un director cuyo nombramiento correrá a cargo del Presidente de la República a propuesta del titular de la PGR.

Además, el director del Centro recibirá y analizará las solicitudes de incorporación al Programa, de las personas que pudiesen encontrarse en situación de riesgo o peligro por su intervención en un procedimiento penal; ordenará la práctica de estudios psicológicos, clínicos y todos aquellos que sean necesarios para garantizar “la idoneidad de la incorporación del individuo al programa, así como para su permanencia”.

Se añade que los servidores públicos que dejen de prestar sus servicios en el Centro, así como las personas que estuvieron sujetas a las medidas de protección, estarán obligadas a no revelar información sobre la operación del programa, “advertidos de las consecuencias civiles, administrativas o penales, según corresponda por su incumplimiento”.

El dictamen aprobado expide la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Comunicaciones

Previamente, el Pleno aprobó dos acuerdos de la Mesa Directiva para que se desechen y archiven las proposiciones presentadas antes de la entrada en vigor del Reglamento de la Cámara de Diputados, pendientes de resolución, se declaren precluidas y se registre como desechadas, todas las iniciativas que cuenten con prórrogas por término indefinido y que no hayan sido dictaminadas o resueltas por las comisiones dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la conclusión de este último periodo ordinario de sesiones.

Se aprobaron las licencias de los diputados Alicia Elizabeth Zamora Villalva (PRI-Distrito 6, Guerrero), Fausto Sergio Saldaña del Moral (PRI-Distrito 16, Estado de México), Armando Corona Rivera (PRI-Distrito 12, Estado de México), Héctor Hernández Silva (PRI-Distrito 26, Estado de México), José Luis Velasco Lino (PRI-Distrito 34, Estado de México), Guillermina Casique Vences (PRI-Distrito 36, Estado de México), Filemón Navarro Aguilar (PRD-4ta Circunscripción, Guerrero), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (PRI-Distrito 9, Guerrero) y Laura Arizmendi Campos (Movimiento Ciudadano-4ta Circunscripción, Guerrero).

A su vez, el diputado con licencia Omar Fayad Meneses (PRI-Distrito 1, Hidalgo) informó de su reincorporación a los trabajos de la LXI Legislatura.

El gobierno de Chiapas respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al presupuesto para el campo 2012.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se mandó una iniciativa del senador Fernando Jorge Castro Trenti (PRI) que reforma los artículos 29 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que los contribuyentes puedan deducir los consumos en restaurantes al 100 por ciento, mediante el pago realizado con tarjeta de crédito, de debito o de servicios o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT.

Declaratoria de publicidad

Los diputados conocieron cinco dictámenes con trámite de declaratoria de publicidad, relativos a derechos humanos; instalaciones turísticas para adultos mayores; turismo de la salud; promoción de la imagen del país, y sobre una política turística bajo criterios ecológicos y programas de desarrollo urbano.

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