27-04-2012.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 268 votos, la Ley General Para prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, que establece hasta 40 años de prisión y 25 mil días de multa al que, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile los servicios de una persona.

Además, plantea cárcel de 20 a 40 años y de dos mil a 20 mil días multa, al padre, madre, tutor o persona con autoridad sobre la quien se ejerce la conducta, que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o incluso mediante adopción a una persona menor de 18 años con el fin de abusar o explotarla.

Fija pena privativa de la libertad de 15 a 35 años quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados.

Con este ordenamiento se castiga toda la cadena de explotación, desde quien haga uso de esta violencia o de captar a una persona, hasta el cliente que consuma. Además, atiende de manera integral a la víctima, desde el operativo hasta la reinserción social, evitando que el tipo penal la revictimice.

El objetivo es establecer competencias y formas de coordinación entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para prevenir, investigar, perseguir y castigar esta conducta.

Además, tipos penales y sanciones en materia de trata de personas; determinar procedimientos penales aplicables y distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas.

Estipula mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes amenazados o lesionados por la comisión de estos delitos.

También reparar el daño a la víctima de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Plantea prisión de 15 a 30 años y de un mil a 20 mil días multa para quien tenga o mantenga a otra persona en situación de esclavitud; la misma sanción económica, así como reclusión de 5 a 10 años, a quien mantenga a una persona en condición de siervo.

Cárcel de 15 a 30 años y multa de mil a 30 mil días, a quien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, pornografía, exhibiciones de orden sexual y el turismo sexual.

La misma pena se impondrá a quien obligue a realizar cualquier otra actividad sexual remunerada mediante engaño; violencia física o moral; abuso de poder; aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza de denunciar su situación migratoria o cualquier otro abuso de la utilización de la ley.

Estipula prisión de 20 a 40 años y de dos mil a 30 mil días de multa a quien realice explotación sexual aprovechándose de relación matrimonial o concubinato. En todos estos casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio.

Para resarcir y reparar el daño establece un programa para la protección de víctimas y testigos, así como un fondo federal para su atención. Faculta al Ministerio Público y a los policías a iniciar por oficio la indagatoria por delitos tipificados como trata de personas y, junto con los poderes judiciales de los tres órdenes de gobierno, brinden a los ofendidos asistencia, seguridad y acceso a la justicia.

Asimismo se dispone que se entiende por explotación de una persona la esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzada y utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, así como la adopción ilegal de menores;, matrimonio forzoso; tráfico de órganos, tejidos y células de humanos, y la experimentación biomédica ilícita en personas.

Se reformó el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para calificar como grave el delito de trata de personas.

El dictamen aprobado contiene el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Asimismo, abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes de la Policía Federal, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) afirmó que la trata de personas afecta cada año a cerca de 3.5 millones de personas, especialmente mujeres, 90 por ciento de las cuales son adolescentes y niñas.

Subrayó que más de 30 mil menores son víctimas de este delito, aunque “hay cifras que se sitúan arriba de 70 mil”, lo cual obliga a reflexionar sobre las circunstancias que impiden avanzar en la lucha contra este fenómeno, a prevenir y combatir las redes de tráfico de personas, mediante un conjunto de instrumentos técnicos y legales con objetivos claros.

Resaltó que corresponde al Pleno de la Cámara votar a favor de una de las legislaciones más avanzadas del mundo. “Hagámoslo por las miles de personas que padecen este lacerante delito, lo necesitan. Por una sociedad mexicana más sana”.

Dijo que la nueva ley permitirá a las autoridades locales y federales investigar, perseguir y sancionar la trata de personas y sus delitos relacionados, con un marco normativo uniforme.

Explicó que este delito encuentra sus mejores espacios donde predomina la marginación, la desigualdad, la corrupción, los vacíos legales y las condiciones culturales que la favorecen e invisibilizan.

La diputada Rosi Orozco (PAN), presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, afirmó que los diputados han trabajado, luchado y defendido juntos la libertad de las víctimas. “Ha sido trabajo de todas y todos los diputados de esta LXI Legislatura y por eso pasará a la historia como un trabajo en unidad de todos los grupos parlamentarios”.

“No me preocupa el enojo de los padrotes, de los violentos o de los corruptos y deshonestos; sólo me ocupa el hacer de quienes sí podemos hacer algo a favor de las víctimas”, las cuales, dijo, deben ser rescatadas y atendidas con dignidad por las autoridades hasta lograr su reinserción.

“Soñamos que un día todos los lugares donde existe explotación de seres humanos serán clausurados y apoyaremos a cada víctima para que pase de la vergüenza a la libertad”.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) se pronunció a favor del dictamen y consideró que “debemos mucho a niños y jóvenes que no tienen oportunidades de educación y no ven otra oportunidad más que engancharse con esas personas que les prometen una vida mejor, y caen en un escollo sin fondo”.

“Le debe mucho México a esa parte de la sociedad que cada vez es más pobre y ahora se habla, no de 60 millones, se habla de 70, de 90 millones de pobres en una reclasificación de pobreza”, enfatizó.

Dijo que las causas de la trata están en un “modelo económico de salvaje depredación” y reconoció que falta mucho, “educarnos, mirarnos y re-dignificar al ser humano”. Planteó hacer un frente común contra quienes que se atreven a vender a seres humanos.

Al manifestar su voto a favor, la diputada Caritina Saénz Vargas (PVEM) afirmó que esta ley constituye un gran avance que permitirá castigar a toda la cadena de explotación, desde los enganchadores hasta los explotadores finales.

Con esta aprobación, añadió, el Congreso de la Unión cumple su responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, “por ello esperamos que asuman su responsabilidad en este tema los poderes Ejecutivo y Judicial, los gobiernos locales, así como todos los sectores de la sociedad y medios de comunicación para formar un frente común y conjuntar voluntades en la erradicación de este delito.
Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Moneda conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos

Previamente, el Pleno devolvió al Senado de la República el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que establece las características de una novena moneda de plata conmemorativa del “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”, luego de que se emitieron 102 votos a favor, 156 en contra y 25 abstenciones.

Posteriormente, la votación en lo general del dictamen con proyecto de decreto que reforma las leyes del Seguro Social y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no alcanzó el quórum correspondiente.

Por tanto, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruyó a la secretaría proceder a los descuentos correspondientes.

Antes de levantar la sesión, Acosta Naranjo insistió a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que se reúna para dictaminar la ley correspondiente, “como lo ha ordenado, no el presidente, sino el Pleno de la Cámara de los Diputados y el próximo lunes podamos tener conocimiento de lo que hayan acordado en dicha comisión”.

La sesión se levantó y se citó para la próxima que tendrá lugar el lunes 30 de abril de 2012, a las 10:00 horas.

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