28-04-2012 Los empleos a los que tienen acceso las mujeres jóvenes desocupadas son de baja calidad, inestables, de corta duración, sin seguridad social, en el sector informal y, con los salarios más bajos al margen de actividades domésticas no remuneradas, afirmó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.

Destacó que la mayor parte de la juventud desocupada está representada por mujeres, ya que aproximadamente 75 por ciento de las jóvenes mexicanas ni estudia ni trabaja, de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (Enajuve).

A través de un documento publicado en la revista Cámara, en su edición de abril, denominado “Juventud desocupada y desigualdad de género”, puntualizó que en México se observa que la disparidad social es reforzada por la desigualdad de género, de tal manera que la desocupación afecta especialmente a las mujeres jóvenes.

Mencionó que entre los factores que inciden en la desocupación juvenil, particularmente en los países en desarrollo, se ubican los escenarios delineados por la desigualdad social, la agudización de la pobreza, así como las insuficientes oportunidades, sobre todo educativas y laborales.

En estos contextos, subrayó, la condición de género sumada a la etaria resulta en una doble condición de vulnerabilidad para las mujeres jóvenes.

La población joven desocupada en México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alcanza alrededor de 7 millones de jóvenes, entre 14 y 29 años, quienes ni estudian ni trabajan o cuyas ocupaciones se desarrollan en la informalidad o actividades indeterminadas, refirió.

Se trata, añadió, de un sector de la sociedad expuesto a condiciones de mayor vulnerabilidad social como consecuencia de factores estructurales del país, los cuales guardan relación con la situación de crisis que se vive en el ámbito internacional y que impactan negativamente, sobre todo, en tres dimensiones generales del desarrollo de la juventud: educación, empleo y salud.

En el documento se precisa que las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE y el servicio médico de Pemex, entre otros), solamente dan cobertura al 52.2 por ciento de los jóvenes, ya sea porque forman parte de la población económicamente activa o porque están afiliados a través de sus padres o cónyuges.

De acuerdo con la Enajuve 2010, casi 4 de cada 10 jóvenes cuentan con la cobertura del Seguro Popular; más de 26 millones y medio informaron que contaban con algún servicio de salud, lo que representaría un incremento de 23.3 puntos porcentuales con respecto a 2005.

Además, en México, la oferta educativa en los niveles de enseñanza media y superior resulta insuficiente para atender los cambios demográficos que implican la tendencia de concentración poblacional en los grupos etarios de entre 12 y 29 años.

“Esa situación, aunado a la alta deserción escolar y a la escasez de oportunidades laborales, expone a este sector de la población al riesgo de convertirse en personas desocupadas y económicamente no activas”, se afirma.

La Enajuve 2010 refleja que de la Población No Económicamente Activa (PNEA) de jóvenes entre 14 y 29 años, el 32.7 por ciento sólo estudia, 13 de cada cien se dedica a labores domésticas y al cuidado de la familia, mientras que 2.3 por ciento son completamente inactivos y dos de cada diez se dedican a otras actividades no remuneradas, se menciona.

Por ello, las investigadoras del CEAMEG, Emma Trejo Martínez y Edith Chávez Ramos, destacan que incidir y atender de manera efectiva a la población joven del país mediante políticas públicas, programas y acciones en favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, constituye uno de los mayores retos del siglo XXI, pero también es una de las más grandes oportunidades para el desarrollo humano, social, sustentable y con equidad del país.

Mencionan que ante el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se tienen que atender a la población joven por medio de “Acciones para promover la equidad de género entre la juventud”.

Dichas acciones son: garantizar la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres jóvenes y el pleno goce de todos sus derechos humanos; integrar la perspectiva de género en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas y programas relativos a las personas jóvenes, con el fin de superar toda forma de discriminación por razones de género, en particular la discriminación contra las jóvenes.

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