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Boletín N°. 5124 Aprueban sancionar hasta con 60 años de prisión a quien cometa feminicidio

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 311 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, reformas para imponer penas que van de los 40 a 60 años de prisión a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Fue enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El dictamen, que modifica el Código Penal Federal, las Leyes General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene como propósito garantizar la justicia a las mujeres en los diferentes ordenamientos relativos a su atención ante un delito.

La minuta, proveniente del Senado, adiciona un título Decimonoveno Bis, denominado Delitos contra la Igualdad de Género con un capítulo uno del Feminicidio, a fin de sancionar a quien por razones de género prive de la vida a una mujer.
Establece que corresponderá a la Secretaría de Seguridad Pública diseñar y promover una página electrónica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas reportadas como desaparecidas en todo el país.

Lo anterior para que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas.

Asimismo, faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos y policías federales, y a todo personal que atiende a víctimas de delitos, en derechos humanos y género.

De igual forma, se encargará de la eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, además que deberá aplicar protocolos especializados para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecías.

Subraya que será la PGR la encargada de crear el Banco Nacional de Datos de Mujeres y Niñas que contenga la información genética de las familias de las mujeres y niñas desaparecidas, así como de aquellos cuerpos registrados como “no identificados” o desconocidos.

Igualmente determina que será esta dependencia la autorizada para elaborar un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

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