05-06-2012 El diputado Jorge Romero Romero (PRI) impulsa una iniciativa que propone sancionar con seis meses a cuatro años de prisión y multa de ocho a 120 veces el salario mínimo general vigente al patrón que exija al trabajador firmar cualquier documento u hoja en blanco, como condición para ser contratado.

El diputado señaló que el desempleo, el subempleo, la precariedad laboral obliga a muchos a aceptar condiciones laborales totalmente alejadas del derecho, la ética y la justicia social.

Indicó que una de las exigencias a que se enfrentan los trabajadores como condición para ser aceptados en un empleo es firmar de manera anticipada su renuncia ya redactada, con omisión de la fecha, misma que es añadida a conveniencia del patrón y con la cual puede ser despedido sin reclamar sus derechos.

Subrayó que este método neutraliza la naturaleza de la renuncia, entendida como un acto personal y libre, que al ser objeto de presiones, amenazas o engaños se convierte en un requisito obligado que en el fondo pretende encubrir un despido injustificado e indudablemente fraudulento y que quebranta las garantías de los trabajadores.

El legislador sostiene que en ocasiones el trabajador reconoce que no sufrió riesgo de trabajo alguno durante el tiempo que laboró en la empresa, es decir que no padeció accidente o enfermedad en ejercicio o con motivo de su empleo, o bien un accidente al trasladarse directamente de su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.

Mientras tanto, en otro documento se asienta que se pagó al trabajador las prestaciones a las que tiene derecho y que pueden ser, según sea el caso: la prima vacacional, prima de antigüedad, salarios devengados, aguinaldo, vacaciones y utilidades.

“Tales situaciones dejan al trabajador en estado de indefensión y en evidente desventaja en caso de conflicto laboral, del que comúnmente el patrón sale avante, valiéndose de engaños para burlar las leyes nacionales y aprovechándose de la necesidad que se tiene de formar parte de un sistema productivo”, agregó.

Refirió que entre los grupos más afectados se encuentran las personas con capacidades diferentes, los trabajadores menos especializados, los inmigrantes o los adultos mayores, entre otros.

“La omisión de la ley al no prohibir y castigar estas prácticas, permite que los documentos u hojas en blanco sean utilizados para despedir a un sin fin de trabajadores, dejándolos totalmente imposibilitados para reclamar y exigir sus derechos, aún cuando la firma de éstos se ve envuelta en acciones ilegales, presiones, chantajes o bien se obtuvo con engaños junto con la firma del contrato”, dijo el diputado Romero.

Reiteró que es necesario explicitar y precisar en la legislación preceptos que proporcionen mayor protección al trabajador frente a tales abusos y que establezcan sanciones a quienes incurran en dichas prácticas.

La reforma turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social establece adicionar un segundo párrafo al artículo 33, una fracción IV al artículo 133 y un artículo 1005 a la Ley Federal del Trabajo.

Con las reformas al artículo 133 se prevé evitar que los patrones exijan al trabajador, como condicionante para que se le admita en el empleo, firmar cualquier documento que pudiera ser utilizado como renuncia al trabajo, comprobante del pago de cualquier prestación a la que tuviere derecho, pagaré o reconocimiento de que el trabajador no ha sufrido riesgo de trabajo.
Así como cualquier hoja en blanco en la que pudiera asentarse alguno de los supuestos anteriores o algún otro hecho en perjuicio del trabajador.
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