07-06-2012.- El diputado Carlos Flores Rico (PRI) pidió a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) explique las razones por las que se ha cesado de sus funciones al Consejo Nacional de Participación Ciudadana de la Procuraduría, y de manera inmediata lo reinstale para que éste pueda cumplir con los fines de su creación.

Refirió que el pasado 22 de mayo, por acuerdo de la PGR, publicado en el Diario Oficial Federación, se cesó de sus funciones al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, bajo el argumento “que ha dejado de fungir como interlocutor eficaz entre la sociedad civil y la Procuraduría”, dando un plazo de 60 días para integrar uno nuevo.

A través de un punto de acuerdo argumentó que con dicha acción el gobierno federal y la procuraduría, han desdeñado la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Por ello, enfatizó que es importante que la población reciba una explicación del estado que guarda la seguridad pública en el país y el por qué la decisión de hacer a un lado al Consejo Ciudadano, por considerarlo un interlocutor ineficaz.

De igual modo, Flores Rico propuso solicitar a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez informe sobre el estado que guarda la procuración de justicia y la seguridad pública, ante los altos índices de criminalidad.

Indicó que la impunidad y la corrupción de los cuerpos policiacos han sido los detonantes de la creciente inseguridad que se vive en México. “El miedo es constante entre la ciudadanía al igual que la desconfianza en las instituciones y corporaciones policiacas”.

Recordó que 50 periodistas han sido asesinados del 2006 a la fecha; 50 mil personas han muerto en el sexenio. Además, han sido reportados 700 mil delitos; los del fuero federal crecieron en los últimos seis años en 80 por ciento, y 30 mil menores de edad han sido detenidos y procesados por diversas infracciones.

Sobre el delito de tráfico ilegal de armas, mencionó que existen solamente siete procesados con motivo de su introducción ilegal en territorio nacional y dos sentencias en esta materia. Agregó que este delito se encuentra asociado a las organizaciones del crimen organizado, por lo que resulta una verdadera amenaza a la seguridad.
De acuerdo a diversos estudios, la venta ilegal de armas en Estados Unidos cuenta con 100 mil distribuidores y vendedores al menudeo, de los que cinco mil se ubican a lo largo de la frontera mexicana, refirió.

Por ello, argumentó el diputado del PRI, es necesario que la PGR eficientice sus acciones para combatir el delito de introducción ilegal de armas, toda vez que de la comisión de dicho delito se gestan otros de igual o mayor magnitud.

Pidió que la procuradora general, Marisela Morales, informe a la ciudadanía de manera amplia el estado que guarda la procuración de justicia y la seguridad pública, así como los resultados de las acciones y políticas públicas.

La proposición fue presentada en la sesión de la Permanente y se envió a la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia).

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