07-06-2012.- La diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) afirmó que los penales se han convertido en centros de reclutamiento y capacitación de criminales dedicados a la extorsión, por lo que es necesario que se suspenda de su cargo al servidor público que se encuentre coludido en este delito.

Refirió que según “Plataforma México”, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, durante 2010 se presentaron 43 mil 356 denuncias de extorsión telefónica recibidas en el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Procuraduría General de la República, de las cuales dos mil 764 fueron atendidas después de realizado el pago y 40 mil 592 de manera inmediata.

Datos de la asociación civil “Consejo para la Ley y los Derechos Humanos” señalan que de 2005 a 2010 al menos 916 bandas de extorsionadores operaban en los distintos penales del país, 15 de las más activas realizaban sus actividades ilícitas en penales del Distrito Federal, dijo.

A través de un punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisón de la Permanente, la legisladora agregó que el Consejo ha mantenido una constante vigilancia acerca del avance del fenómeno, arrojando que cada 24 horas se hacían cuatro mil 400 llamadas buscando cometer una extorsión (agosto 2008). De septiembre 2008 a diciembre 2009 se intentaron seis mil 179 por día.

Del 2001 al 2009, el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores superaba los 705 millones de pesos. Sólo en 2009 se intentaron dos millones 255 mil 335 delitos de esta naturaleza (seis mil 179 al día), añadió.

Novoa Mossberger comentó que conforme progresa la tecnología y surgen novedosos métodos de comunicación, también avanzan los delincuentes en el diseño de nuevos métodos para despojar a las familias de sus bienes y patrimonio.

Detalló que entre los hechos delictivos que a diario se cometen al interior de los sistemas carcelarios, tanto federales como estatales, está la venta de drogas, la corrupción del personal y el tráfico de objetos prohibidos. Está de forma exponencial las extorsiones telefónicas, pues desde el interior los reos continúan aterrorizando a la sociedad.

Mencionó que las leyes y reglamentos establecen la prohibición de teléfonos celulares o satelitales, radios o equipos receptores-transmisores y cualquier otro instrumento de intercomunicación o sistema de comunicación electrónica, equipo de cómputo u otros dispositivos que puedan usarse para comunicación no autorizada, pero lamentablemente no se cumplen por parte de los responsables de cuidar la seguridad.

Enfatizó que a pesar de las medidas que las autoridades han proyectado para evitar la extorsión y el fraude telefónico desde las cárceles, poco se podrá lograr ante el tema, mientras se encuentren coludidas autoridades y familiares de los delincuentes.

Recalcó que es responsabilidad de cada una de las autoridades informar a la ciudadanía sobre estos ilícitos y darle las herramientas para que denuncien ante las instancias correspondientes.

Propuso exhortar a las autoridades responsables de los Centros Penitenciarios Federales, Estatales y del Distrito Federal para que de manera coordinada emprendan acciones eficaces para combatir la extorsión telefónica desde el interior de los reclusorios, además de realizar inspecciones permanentes a fin de eliminar el uso de celulares prohibidos por ley.

Asimismo, se suspenda de su cargo al servidor público que se encuentre coludido en este delito y se realicen campañas permanentes de información, a fin de alertar sobre las extorsiones telefónicas, convocando a la ciudadanía para que denuncie este ilícito.

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