Ante el próximo periodo vacacional de verano, la presidenta de la Comisión Especial Sobre Migración, diputada María Isabel Merlo Talavera (PRI) presentó un punto de acuerdo para evitar que funcionarios públicos extorsionen a los connacionales que vistan México.

Señaló que las extorsiones se dan a través de cuotas entre los 100 y 350 dólares para permitirles el pase de sus pertenencias evitar la espera; a fin de obtener permiso con carácter temporal de sus vehículos deben cubrir cuotas ilegales de hasta 300 dólares.

Además de lo anterior, está el pago de los impuestos y los honorarios de los agentes aduaneros, ya que de no aceptar la extorsión, deben esperar de dos a tres días para cumplir con el requisito obligatorio de internación vehicular.

Resaltó que en su paso por las aduanas mexicanas los connacionales son sujetos a revisiones minuciosas que les implica tener que esperar horas en filas interminables; son obligados a bajar sus pertenencias para la revisión de vista aduanal, y en ocasiones algunos de sus objetos se extravían o son requisados irregularmente por la autoridad.

Por tal motivo, en el punto de acuerdo enviado a la Segunda Comisión de la Permanente, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Seguridad Pública y las policías estatales y municipales implementen medidas que eviten que los connacionales sean objeto de extorsiones.

Argumentó que es necesario que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias, ya que se han reportado casos en los que se considera que la autoridad está coludida con delincuentes, pues después de ser detenidos y continuar con su trayecto son asaltados.

Merlo Talavera refirió que el Operativo de Verano 2011, dentro del programa “Bienvenido Paisano”, brindó atención a 643 mil 541 connacionales en 110 módulos fijos, ubicados en los aeropuertos internacionales, garitas y centrales de autobuses.

Durante esta temporada se dio seguimiento a 40 quejas; además, se atendieron un total de 7,492 llamadas recibidas a través de los teléfonos gratuitos, 49 correos electrónicos y mil 469 casos de atención personalizada, peticiones de ayuda y casos de extorsión telefónica.

Sin embargo, dijo que hace falta mayor difusión por todos los medios disponibles a efecto de que los connacionales conozcan programas y acciones que el gobierno implementa para su protección y los mecanismos de denuncia en caso de sufrir abusos de parte de algunas autoridades.

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