• En otras latitudes los bienes sujetos a extinción rebasan los 28 mil en un año, en nuestro país sólo se han afectado ocho

• Entre 2003 y 2009 en Colombia se han decomisado casi 11 mil millones de dólares de activos criminales; en México los datos que existen son poco representativos

24-06-2012.-El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), señaló que entre 2010 y 2011, en México se realizaron sólo tres juicios de extinción de dominio de bienes a favor del Estado, mientras que en un año en Colombia y Guatemala se efectuaron más de dos mil 700 procesos.

A través del documento “Extinción de Dominio: escenarios internacionales, contexto en México y propuestas legislativas”, destacó que las experiencias de naciones y la práctica incipiente de esta modalidad en nuestro país han propiciado fuertes contrastes en sus indicadores de evaluación.

Mencionó que mientras en otras latitudes los bienes sujetos a extinción de dominio rebasan los 28 mil en un año, en México solamente se han afectado ocho bienes.

El CESOP puntualizó que es amplio el número de delitos en otros países que son causales para iniciar un proceso de extinción; en Guatemala 40 y casi 25 en Colombia, mientras en México se reducen a cinco (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas).

Subrayó que las enormes ganancias del crimen organizado internacional y su cada vez más notoria presencia en la vida pública de las naciones han obligado a diseñar mecanismos que debiliten su poderío económico, como la Ley Federal de Extinción de Dominio, que se publicó en 2009.

Resaltó que “los obstáculos y retos que enfrenta la extinción de dominio en su corta existencia, han motivado el desencanto de quienes la visualizaban como una de las armas legales que fracturarían la columna vertebral de la delincuencia organizada y de su imperio financiero”.

Los casos más connotados de extinción de dominio en Colombia en 2011 han afectado bienes por un valor superior a los tres mil 400 millones de pesos mexicanos, observándose también que entre 2003 y 2009, en esa nación, se han decomisado cerca de 11 mil millones de dólares de activos criminales, mientras que en nuestro país el valor de los bienes sujetos a extinción de dominio es meramente simbólico, abundó.

En el documento, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública agregó que desde la promulgación de la Ley Federal de Extinción de Dominio en 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo inició diez procedimientos, de los cuales ha logrado ganar uno, y en 2012 no ha iniciado alguno.

Refirió que datos del “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009” mencionan que pese a que la Ley entró en vigor en agosto de 2009, la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no recibió en el lapso agosto-diciembre de ese año, ninguna transferencia de bienes muebles o inmuebles asegurados con motivo de la aplicación de la ley.

Al respecto, el SAE manifestó que durante el mismo año no recibió ninguna notificación ni de la PGR, ni del Poder Judicial Federal en donde se informara que algún bien en administración del SAE fuera sujeto a algún proceso de extinción de dominio.

El CESOP resaltó que cerca de la mitad de los congresos locales han expedido una ley en la materia, aun cuando se estima que las actividades ligadas al narcotráfico aportan entre el 45 y el 48 por ciento de los ingresos de la delincuencia organizada nacional.

Éstos son: Distrito Federal (diciembre de 2008), Morelos (marzo de 2009), San Luis Potosí (agosto de 2009), Nuevo León, Tabasco y Chiapas (septiembre de 2009), Chihuahua, (abril de 2010), Puebla, Hidalgo y Zacatecas (marzo de 2011), Guanajuato (junio de 2011), Jalisco (agosto de 2011), Estado de México (noviembre de 2011), Tlaxcala (marzo de 2012) y Sonora (mayo de 2012).

Refirió que de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entre marzo de 2009 y febrero de 2012, sumó 113 casos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Las delegaciones donde se han presentado mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. Los delitos que han dado lugar a un proceso extintivo son robo de vehículos, trata de personas, secuestro y delincuencia organizada.

Recordó que para febrero de 2012 existían 41 sentencias de primera instancia emitidas por el Poder Judicial local sobre el tema, de las cuales 38 son a favor del gobierno capitalino; 25 apelaciones –20 a favor y tres pendientes de resolución- así como 26 amparos.

En el documento, el CESOP argumentó que la experiencia de otras naciones ha llevado a identificar como requisitos judiciales para lograr una efectiva lucha contra las finanzas del crimen organizado, al menos: un Ministerio Público autónomo; una ley funcional de extinción de dominio; una legislación para delincuentes arrepentidos y un catálogo de nuevos delitos contra los que procede esta figura.

Destacó que si efectivamente su busca garantizar la funcionalidad de la extinción de dominio y así desmantelar la estructura del crimen organizado, es indispensable delinear una genuina coordinación entre las instituciones del Estado mexicano responsables de la inteligencia financiera, de los registros de la propiedad, de las instituciones bancarias y de las unidades de investigación patrimonial en todos los niveles en el país.

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