La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los Feminicidios registrados en México, que preside la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, se reunió con autoridades de Chihuahua, a fin de analizar el cumplimiento de los resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “Campo Algodonero”.

La legisladora del PRD señaló que hay discrepancias entre los informes que presentan las autoridades de Chihuahua y los datos que tienen los defensores de las víctimas en relación al cumplimiento de la sentencia.

Explicó que existen discrepancias en los casos de servidores públicos que serían sometidos a investigación por omisiones en la prestación de sus servicios.

El gobierno estatal, agregó, indica que inició un procedimiento de responsabilidad administrativa ante la contraloría contra seis servidores públicos. En un caso prescribió la facultad para exigir la responsabilidad, en dos casos de exoneró, en otros dos se inhabilitó por un año y en otro fue inhabilitado por dos años.

Respecto a los responsables de amenazas y hostigamiento a los familiares de las víctimas, el estado dice que no hay información para investigar los hechos, sin embargo la propia CIDH y los representantes de las víctimas han señalado que sí y que incluso se han realizado trámites de solicitud de asilo político en Estados Unidos, detalló la legisladora.

Dada la situación tan aguda porque hay centenas de niñas desaparecidas anualmente, conminó a las autoridades de Chihuahua a eliminar los candados para activar el Protocolo Alba, ya que así como está implementado por el gobierno obstruye la posibilidad de identificar rápidamente a una desaparecida.

Precisó que el Protocolo Alba es un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de desapariciones de mujeres y niños, pero tiene cinco condicionantes: cuando la niña sea menor de 11 años, tenga alguna discapacidad, el extravío se haya realizado en la zona centro o en la periferia, se haya extraviado al salir de su hogar, trabajo o centro de estudio y cuando las circunstancias en que ocurrió la desaparición puede inferir que se encuentra en peligro inminente.

Resaltó que la Corte Interamericana ha señalado que esas restricciones obstruyen la posibilidad de identificar rápidamente a una desaparecida.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) precisó que solamente hay un detenido o un caso abierto como posible responsable de estos asesinatos, los otros dos casos están en investigación sin que se tenga información del avance, refiriéndose al caso del Campo Algodonero.

Comentó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) conformará, junto con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, un grupo de peritos para revisión de los expedientes y propuesta de diligencia.
Al respecto, Refugio Ernesto Jáuregui Venegas, fiscal especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, informó que el gobierno del estado solicitó la intervención de peritos internacionales y se está en espera de que Conavim informe la fecha de instalación de esta mesa de investigación.

Por su parte, Armando García Romero, Fiscal especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, indicó que el gobierno estatal no busca rehuir a la investigación del Campo Algodonero, ni lo referente a los servidores públicos, sin embargo se debe cumplir una sentencia que atañe a todo el estado mexicano.

Pidió que no se desestimen los estudios que se han brindado en materia de investigación de funcionarios, los procesos que ya se iniciaron y los que ya han sido sancionados.

Ramón Gerardo Quintana Villasana, director de Control Interno de la Fiscalía, dijo que respecto a la investigación y sanciones a funcionarios públicos la averiguación previa sigue su curso.

Precisó que cuando llegaron a la administración había expedientes que ya se encontraban prescritos para exigir responsabilidad administrativa y “de nada serviría resolver que no se encontraron elementos de conducta irregular que dan lugar a una falta administrativa cuando no lo podíamos hacer exigible porque estaba prescrita”.

David Peña, abogado litigante del caso Campo Algodonero, subrayó que las averiguaciones previas están concentradas por legajos, es decir, separadas. No hay un punto de encuentro entre las víctimas y los victimarios y “era muy difícil que asesinos diferentes, con motivaciones y circunstancias diferentes y sin conocerse las víctimas entre sí, arrojaran los cuerpos en el mismo lugar, en un mismo periodo de temporalidad y bajo las mismas condiciones”.

Cuestionó cuál es la perspectiva que se está desarrollando desde el Ministerio Público y cómo se sustenta esta individualización de los casos y no la integralidad.

Angelina Yadira Aguirre de Observa Ciudadana de Chihuahua, (observatorio de acceso a la información pública) dijo que existen mucha disparidad entre la información del estado y la del gobierno federal y “nos preocupa que el estado no quiera transparentar y rendir cuentas respecto a este asunto que es de vital importancia para el movimiento de mujeres en Chihuahua”.

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