28-06-2012.- Es necesario que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud del Distrito Federal inspeccionen a las clínicas privadas que se anuncian en los medios de comunicación y ofertan “la interrupción legal del embarazo, o aborto”, para que certifiquen la sanidad de esos lugares, señaló el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (PAN).

A través de un punto de acuerdo, dijo que ambos organismos han declarado no tener responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en esas clínicas, que desde hace casi cuatro años trabajan sin supervisión oficial.

Mencionó que por ley no existe la obligación de las clínicas privadas de declarar que realizan abortos, ni tampoco el número de procedimientos de este tipo, y menos aún, las ganancias generadas por ello.

Refirió que si bien en la LXI Legislatura se aprobaron reformas para reducir la publicidad de los denominados “productos milagro” y aspectos que atentan contra la salud, como la integridad y dignidad humana, y su regulación en los medios de comunicación, “la interrupción legal del embarazo” no es un asunto menor.

“Los anunciantes evitan llamarlo aborto, por la mala fama del nombre. Es evidente que existen vacíos legales respecto al papel que deberían jugar los medios de comunicación en temas de salud pública”, precisó.

Manifestó que los variados anuncios que aparecen en diarios de circulación nacional sobre “interrupción legal del embarazo” lo hacen de una manera que no señalan riesgos, ni direcciones físicas, sino solamente teléfonos.

Argumentó que la forma en que se encuentran redactados los anuncios no es con ética, pues manifiestan una promoción de las prácticas “de interrupción legal del embarazo”, como por ejemplo, los que establecen “cobros por semana”, resultando que una operación de este tipo a las tres semanas cuesta tres mil 400 pesos y una de doce semanas (límite legal) cinco mil 500 pesos.

Recalcó que la práctica del aborto no es compatible con la dignidad de la persona y que deben existir garantías de salud y de normas que respeten la edad de las mujeres.

Óscar Saúl Castillo destacó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, en donde se hace mención de que este procedimiento -de preferencia- tiene que ser practicada por ginecoobstetras, pero deja abierta la posibilidad de que lo realice un cirujano general.

Mencionó que después de su legalización en el D.F., es decir del 24 de abril del 2007 al 15 de diciembre de 2011, se han practicado 69,861 casos; y el número de solicitudes de información para conocer el programa, desde abril 2007 al 31 de octubre de 2011, fue de 107 mil 450.

Las mayor incidencia se da en edades de las mujeres de 21 a 25 años (34 por ciento); 16 a 20 (22.7 por ciento); 26 a 30 (20 por ciento); 31 a 35 (12.4), y 36 a 40 (7 por ciento). El nivel educativo: preparatoria (39.1 por ciento); secundaria (30.4 por ciento) y superior (19.6 por ciento).

Por estado civil: soltera (52.9 por ciento); unión libre (27.1 por ciento) y casada (17 por ciento). Por situación laboral: hogar (37.3 por ciento); estudiantes (25.1 por ciento) y empleadas (19.9 por ciento).

Por ello, el diputado del PAN pidió que la Cofepris y la Secretaría de Salud del Distrito Federal certifiquen la sanidad de las clínicas particulares; la cédula profesional de los médicos, y que los medios de comunicación eviten la promoción.

La proposición fue presentada en la sesión de la Permanente y se envió a la Tercera Comisión (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas).

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