17-07-2012.- La diputada Norma Sánchez Romero (PAN) impulsa una iniciativa para crear una unidad de análisis de impacto regulatorio y económico en la Cámara de Diputados cuyo objetivo sería analizar el marco legal vigente y sugerir las reformas que el país requiere para lograr la competitividad y disminuir la pobreza.

Afirmó que en el contexto de una de las crisis más graves, problemas económicos y financieros en décadas para Estados Unidos y el resto del mundo, es necesario participar en la definición e implementación de una agenda de competitividad y políticas capaces de garantizar un crecimiento económico sostenido.

Subrayó que las instituciones del país se enfrentan a un proceso de reforma difícil para hacer llegar la justicia social y la seguridad jurídica a los ciudadanos. Si México no se mueve adelante en el corto plazo, plantea riesgos para el crecimiento de los ingresos per cápita, la evolución estable de sus instituciones y la prosperidad.

La legisladora mencionó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) define a esta como la capacidad que tiene una ciudad o región para atraer y retener inversiones. En ese contexto México se encuentra en el lugar 30, de entre 45 países, en el factor de “gobierno eficiente”.

De acuerdo con la experiencia del Imco, añadió, los factores que más inciden en el nivel de competitividad de un país son: sistema de derecho confiable y objetivo, gobierno eficiente y eficaz, sistema político estable y funcional y economía dinámica y capital humano.

La lógica de la medición es que no puede haber economía competitiva sin un gobierno con leyes y procedimientos de competencia. El trabajo de los líderes gubernamentales que pretendan incrementar la competitividad de un país tiene que versar en mejorar, en forma importante, los indicadores referidos, indicó la diputada.

Comentó que la incorporación de México al proceso de globalización económica ha establecido retos importantes para que los sectores productivos eleven su competitividad para estar en posibilidad de lograr con éxito su participación en el mercado mundial.

Sánchez Romero señaló que la manifestación de impacto regulatorio, de acuerdo con el marco legal vigente, se ha aplicado principalmente en el ámbito de la administración pública federal a las regulaciones e iniciativas presentadas por el Ejecutivo y sus dependencias.

En la práctica, dijo, la forma de eludir la aplicación de este estudio de costo-beneficio se dio a través de la presentación de iniciativas, directamente, a través de diputados y senadores, con lo cual las dependencias, entidades o grupos interesados evitan hacer el estudio y análisis previo del costo de la regulación.

Ante ello, la diputada propuso reformar el artículo 47 y se adiciona el 55 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General con la finalidad de crear una unidad de análisis de impacto regulatorio y económico en la Cámara de Diputados, cuya atribución principal sería analizar el marco legal vigente y sugerir la reformas necesarias.

La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, plantea que para no generar costos en términos de contratación de personal, el trabajo de esta unidad se realizará con el apoyo de los funcionarios y empleados de los centros de estudios e investigación.

La unidad de análisis de impacto regulatorio y económico entregará a los secretarios técnicos de cada comisión los estudios de impacto regulatorio y presupuestal de las iniciativas, previamente a su dictaminación por parte de las comisiones respectivas.

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