20-07-2012.- El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que en México hay 21 entidades federativas que aún criminalizan las libertades de expresión y de imprenta, así como del derecho a la información, exponiendo a la intimidación penal a todo aquél individuo que ejerza plenamente estos derechos.

“En nuestro país a pesar de que a nivel federal ya se derogaron estos delitos, siguen prevaleciendo en las legislaciones de algunos estados, por lo que muchos comunicadores padecen innumerables denuncias penales por parte de los que se dicen agraviados por la información difundida”, dijo.

Refirió que los estados que aún criminalizan a las libertades de expresión y de imprenta son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

Por tal motivo, el legislador del PT presentó ante la Comisión Permanente, una iniciativa que busca reformar los artículos 6 y 7 de la Constitución, a fin de que por ningún motivo se criminalice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

La iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales también pretende que el ejercicio abusivo o indebido de estos derechos sea castigado por la ley, en los términos que establezca la legislación civil.

Señala que en las responsabilidades civiles que se deriven del ejercicio abusivo de estos derechos, el juez deberá tomar en cuenta que tratándose de servidores públicos o personajes públicos, éstos están sujetos a una mayor exposición pública y por tanto, su derecho al honor, la vida privada y a la propia imagen, se encuentra reducido con relación a las demás personas.

Precisa que las opiniones no serán materia de juicio civil y que se deberán tomar en cuenta en las decisiones judiciales los estándares de real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones.

Las personas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas no estarán sujetos al acoso judicial o al hostigamiento como represalia por ejercitar su derecho de crítica.

Por ningún motivo podrán ser encarcelados o denunciados penalmente, los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos, añade.

Considero que la prohibición constitucional expresa, de la criminalización de las libertades de expresión, fortalecerían nuestra incipiente democracia y otorgarían a los ciudadanos y, en especial, a los comunicadores mexicanos, mejores condiciones para el ejercicio pleno de estos derechos.

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