21-07-2012.- El diputado Víctor Castro Cosío (PRD), propuso que la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridades competentes y sociedad civil adopten medidas que garanticen a los alumnos, padres de familia y trabajadores, su seguridad en los centros escolares.

Señaló que en más de cuatro mil 700 escuelas del país ocurren con frecuencia robos, vandalismo, extorsiones, violencia física, acoso entre pares, discriminación, agresiones verbales y físicas.

De acuerdo con el Coordinador Nacional del Programa Escuela Segura, en este ciclo escolar, se han registrado 20 balaceras en Nuevo León y Tamaulipas que han afectado las actividades diarias de los planteles, por lo que, en todos los centros educativos ubicados en la zona fronteriza se mantienen encendidos los focos de alerta, agregó.

“Esto es inadmisible; el Estado debe proteger a todos los mexicanos en sus derechos a la vida y a la paz, especialmente tratándose de niños y jóvenes. Es su obligación garantizar de manera puntal y plena la seguridad e integridad de quienes asisten a los centros escolares”, afirmó.

Víctor Castro mencionó que entre los padres de familia y alumnos, existe la idea de que las escuelas son uno de los lugares más seguros, y en los cuales están a salvo de violencia no sólo física, sino psicológica, emocional y moral.

Contra esto, agregó, están las imágenes que hieren de manera constante a los mexicanos como balaceras, niños heridos a la salida de las escuelas, o menores que aprenden a protegerse de las agresiones bajo los pupitres.

Cuestionó si se puede exigir una enseñanza y un aprendizaje de calidad, cuando el gobierno no cumple con su primera obligación de proteger a plenitud la seguridad de maestros y alumnos que están bajo su guarda.

Abundó que las personas que asisten a los centros escolares, deben quedar protegidos, tanto de la violencia externa, como interna.

Es condenable, dijo, que el Coordinador Nacional del Programa Escuela Segura, se limite a informar, cual simple crónica, de los hechos de violencia que están padeciendo los niños y jóvenes, con secuelas terribles, que van desde las afectaciones psicológicas y emocionales, lesiones, hasta la pérdida de la vida, incluidos el doloroso suicidio de éstos sectores.

El diputado destacó que la autoridad debe dar y aplicar alternativas inmediatas para su solución, por ello, es necesario que la SEP en coordinación con las demás autoridades competentes, tanto federales como locales y, la sociedad civil, adopte las medidas urgentes que garanticen a los alumnos, padres de familia y trabajadores su seguridad en los centros escolares.

La proposición es analizada por la Segunda Comisión -Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública- de la Permanente.

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