• Expendedores han denunciado intimidaciones por parte del crimen organizado para vender combustible robado

• Se debe desarrollar una estrategia que vigile el sistema de comercio de gasolinas

22-07-2012.- El tráfico de hidrocarburos, robados a través de la sustracción de diesel o gasolina de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el hurto de pipas, es una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales, quienes venden el producto en México, Estados Unidos y Centroamérica.

Así lo señaló el diputado Jaime Aguilar Álvarez (PRI), en un punto de acuerdo, en el que pide que Pemex, la Secretaría de Seguridad Pública y a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, desarrollen un plan emergente de seguridad en la distribución energética, que prevenga daños irreparables en el sistema de venta de gasolinas, así como en el patrimonio y vida de sus propietarios.

Subrayó que en los últimos años la delincuencia organizada ha ido ganando terreno en distintos ámbitos, alcanzando también el rubro de los hidrocarburos.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó, estos grupos criminales obtienen ganancias del tráfico de combustibles robados que pueden superar los 500 millones de pesos mensuales.

Pemex, argumentó, ha dado a conocer que el robo de combustible por tomas clandestinas al mes de noviembre de 2011, se incrementó 52 por ciento en comparación con lo registrado en 2010, registrándose una merma económica de alrededor de seis mil millones de pesos.

Aguilar Álvarez resaltó que empresarios de estados como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Durango, Michoacán y Zacatecas, miembros de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo A.C. (ONEXPO) han denunciado ante la PGR las intimidaciones que han sufrido por parte del crimen organizado.

Refirió que también han manifestado que son amenazados por personas fuertemente armadas y obligados a vender combustible que ha sido robado tanto a las pipas de Pemex Refinación como a los ductos de la paraestatal, por las cuales, dependiendo la zona, tienen que pagar entre 120 mil y 150 mil pesos en efectivo.

“Han denunciado que esos hechos ocurren, no sólo en esos estados sino que se tiene conocimiento que se han presentado en todo el país; sin embargo, Zacatecas es el que más se ha visto afectado, ya que el cien por ciento de las estaciones han sido amenazadas en al menos una ocasión”, agregó.

El diputado del PRI, enfatizó que es necesario realizar las acciones pertinentes para salvaguardar la integridad física y patrimonio de las personas que están siendo amedrentadas por el crimen organizado, y a la par desarrollar una estrategia que permita vigilar y fortalecer el control en el sistema de ventas de gasolinas en el país.

La proposición es analizada por la Primera Comisión -Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia- de la Permanente.

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