23-07-2012.-El diputado Jaime Oliva Ramírez (PAN) propuso eliminar las cuotas de las sociedades de padres de familia obligatorias en las escuelas públicas, las cuales muchas de las veces terminan como fraude y son, además, violatorias de derechos constitucionales.

Dijo que la sociedad de padres de familia tiene como objetivo central integrar y representar a la comunidad frente a las autoridades educativas y busca promover la participación conjunta de todos en la noble tarea educativa, constituyéndose así en un nexo entre la institución y las familias.

No obstante, existen casos en los que, excediéndose en sus facultades, las sociedades de padres de familia exigen el pago de cuotas o contraprestaciones, en muchas ocasiones en coordinación con las autoridades de los planteles, como requisito para otorgar a los alumnos la inscripción, realizarles exámenes, entregarles boletas de calificaciones, hacer uso de las instalaciones escolares o ejercer algún derecho.

El diputado Oliva Ramírez manifestó que existen diversos casos en los que las cuotas no son utilizadas para el mantenimiento del plantel y tienen otros fines fraudulentos, como ocurrió en Tamaulipas hace algunos años, donde la Secretaría de Educación Pública solicitó a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública que iniciara auditorías a diversas asociaciones de padres de familia.

“En Guanajuato se presentaron más de 100 casos de fraude durante el año 2004; en Sinaloa la Secretaría de Educación Pública y Cultura firmó un acuerdo que indica la prohibición a las direcciones de los planteles de educación pública de exigir aportaciones a los padres de familia durante el periodo de preinscripción, inscripción o dentro de los primeros 45 días del ciclo escolar; en Querétaro la ley estatal de educación plantea la prohibición del condicionamiento de inscripciones a la aportación de cuotas”, señaló.

El legislador refirió que esta lamentable situación se ha generado en buena medida por lo establecido en el artículo 67 de la Ley General de Educación, que dispone que las sociedades de padres de familia tienen como uno de sus objetos colaborar con el mantenimiento de los planteles, su reparación y en ocasiones, hasta la construcción queda en manos de los jefes de familia, quienes deben hacer enormes esfuerzos para que los planteles en los que estudian sus hijos estén en condiciones adecuadas.

Dijo que aun cuando es real la necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar de la precaria condición a algunas de las instalaciones educativas, también lo es que esa función le corresponde al estado y, en este contexto, se debe exigir a las autoridades escolares que actúen con energía para erradicar la indebida costumbre de condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de familia, a cambio de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción de estudiantes en el grado inmediato superior.

Esta conducta, agregó, ha sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no conforme con afectar su economía, también son condicionados o amenazados con no entregarles las boletas de calificaciones de sus hijos, no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar o con cualquier otra afectación de sus derechos.

Precisó que el artículo 3º de la Constitución Política dispone el derecho de todo individuo a recibir del Estado, educación prescolar, primaria, secundaria gratuita e incluso también ya fue aprobada la instrucción media superior.

Por ello, abundó, es indispensable fortalecer el marco legal, particularmente por lo que hace a la Ley General de Educación, a efecto de brindar de mayores instrumentos de protección y defensa de los derechos de los educandos y de los padres de familia, así como de normas legales más acabadas que permitan a la autoridad actuar en consecuencia.

El diputado Jaime Oliva Ramírez recordó que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos ya tiene en sus manos una iniciativa presentada por él, la cual pretende reformar las fracciones II y III del artículo 67 de la Ley General de Educación a efecto de especificar que los apoyos, colaboraciones, aportaciones que hagan los padres de familia tendrán el carácter de voluntarias.

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