24-07-2012.- La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, denunció que no existe ningún recurso presupuestario sobre violencia destinado a mujeres indígenas.

Al reunirse con organizaciones civiles para analizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hizo votos para que éstas soliciten a los próximos integrantes de la LXII Legislatura, recursos especiales en la materia e implementar una encuesta sobre violencia indígena.

Lo anterior, argumentó, debido a que diversas encuestas carecen de datos precisos sobre mujeres indígenas, o bien, los resultados son alarmantes, pues reducen el número de mujeres que acusa a los hombres por maltrato, pero incrementa los feminicidios. “La conclusión es que ya no les pegan sino las matan, y por ende, ya no denuncian”.

Incháustegui Romero detalló que otra situación preocupante para este sector es que hay aspectos operativos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en sus servicios que no son accesibles para las indígenas e incluso para las rurales que viven en comunidades lejanas o dispersas.

Por ello, dijo, es necesario que las autoridades comunitarias tengan una postura clara frente al tema de violencia de mujeres indígenas, así como acordar formas vernáculas de las órdenes de protección, es decir, buscar mecanismos que permitan a la comunidad proteger a las mujeres frente a un agresor.

Del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP), Paloma Bonfil Sánchez, resaltó que conforme a un diagnóstico que se implementó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se detectó que se desconoce entre las autoridades y actores que deberían estar involucrados en su implementación.

Por no estar adaptada a las leyes locales, a nivel municipal es difícil operarla, además la comunidad indígena y los sistemas normativos tradicionales no están contemplados, “pues es el espacio donde las mujeres indígenas intentan buscar la solución a sus problemáticas de violencia, ya que es raro que salgan de la comunidad a denunciar”, precisó.

Hizo votos paras seguir difundiendo entre las comunidades indígenas lo establecido en la Ley y en los Reglamentos estatales, a efecto de atender la problemática de violencia y generar mayor protección a la población femenina, toda vez que persiste la discriminación hacia ellas.

A su vez, Patricia Rosete, integrante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) recordó que desde 2008 se implementan programas dirigidos a estas comunidades en materia de violencia, salud sexual, mortalidad materna y participación política de las mujeres.

Indicó que en 2012, se etiquetaron recursos para construir el Programa de Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena, y contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres.

Agregó que una de las constantes de las indígenas ha sido que las instituciones, los mecanismos y las políticas públicas se revisen con un enfoque intercultural.

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