04-08-2012 A fin de evitar la esterilización forzada, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN) impulsa una reforma para sancionar con cinco a ocho años de prisión a los médicos que la practiquen sin previo consentimiento de la paciente o sin razón quirúrgica justificada.

La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente pretende garantizar el derecho a la salud sexual, ya que existen regiones marginadas donde se esteriliza a las mujeres sin su autorización.

La legisladora comentó que el artículo cuarto constitucional establece que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Sin embargo, manifestó que con el pretexto de promover el control poblacional, se practica la esterilización forzada, la cual se lleva a cabo principalmente en grupos vulnerables como las indígenas.

Indicó que así lo reconoce el Comité contra la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que México práctica cirugías de esterilización forzada principalmente en indígenas.

Reiteró que ante esta problemática, la ONU recomendó tomar medidas para erradicar los prejuicios raciales que conducen a la discriminación, el cual es un fenómeno denigrante que afecta a todos los grupos indígenas del país.

“Es innegable el problema del crecimiento poblacional, pero también lo es que el problema radica en la inequidad que prevalece y que hace que los grupos vulnerables sufran de más abusos”, sostuvo.

Subrayó que el practicar la esterilización forzada a indígenas es sin duda un atentado que cuestiona el valor humano y moral de los médicos.

Agregó que en la actualidad la esterilización forzada dirigida a una o un individuo en particular no se encuentra penalizada, a pesar del grave flagelo y la violación a los derechos humanos, sin más sanción que aquella administrativa que dispone la Ley General de Salud.

Afirmó que esto es inaceptable, por lo que propuso reformar el artículo 466bis a la Ley General de Salud, ya que es necesario incluir en el capítulo relativo a “Delitos” un tipo penal que castigue con prisión a quienes practiquen la esterilización sin previo conocimiento de la paciente.

Consideró que la propuesta, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, es viable, toda vez que es posible que la esterilización forzada sea practicada injustificadamente por médicos, auxiliares y enfermeras.

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