11-081-2012 De 2007 a 2012, lo presupuestado para los cuatro programas de apoyo a los productores del campo ante las contingencias se incrementó en más de 360.6 por ciento, indicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

A través del “Análisis mensual de productos básicos. Julio de 2012”, precisó que en 2007, los cuatro programas ejercieron 941.4 millones de pesos, para 2012 se presupuestaron cuatro mil 335.6 millones.

Los últimos eventos climatológicos, subrayó, han puesto en evidencia la presión que los cuatro programas (de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario; el de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario; el Fondo de Contingencias y Autoseguro, y el de Atención ante Contingencias Climatológicas), ejercen sobre las finanzas públicas.

Mencionó que la perspectiva de mayores variaciones climáticas muestra la limitada capacidad que tendría el gobierno para apoyar a los productores agropecuarios con un seguro.

Por ello, destacó, es necesario que el mercado de seguros privado tenga una cobertura nacional y sea asequible para todos los agricultores.

El CEFP afirmó que uno de los principales factores es la falta de información sobre el riesgo que representa cada cliente, y que el Buró de Crédito ha permitido que las instituciones financieras del país puedan calcular el riesgo de cada persona.

Por esta razón, sostuvo que a estas empresas les es imposible o caro investigar a los agricultores, por lo que la única opción que tienen es establecer un precio promedio generalizado.

No obstante, agregó, ello ha generado una sobrevaluación de la prima para los clientes de bajo riesgo, por lo que, eventualmente, este grupo dejó el mercado y la aseguradora se quedó con los de alto riesgo.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la siniestralidad de las compañías de seguro privadas se encontró entre 50.2 por ciento en 2010 y 94.6 por ciento en 2009.

Conforme a datos de la Secretaría de Agricultura, el porcentaje de la superficie agrícola siniestrada varió entre 6.4 por ciento en 2008 a 18.26 por ciento en 2009.

Por esta razón, argumentó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el gobierno debería enfocarse no sólo en los subsidios, sino también en el desarrollo de la infraestructura que necesitan las aseguradoras privadas para operar.

“Desde sistemas de información agropecuaria nacional hasta estaciones de monitoreo del clima. Sólo así, se podrá desarrollar un sistema nacional de seguros agropecuarios asequible y sostenible, sin presionar a las finanzas públicas”, enfatizó.

El CEFP resaltó que en los últimos años la política pública ha estado orientada a la promoción y establecimiento del seguro agropecuario. Prueba de ello es que el actual sexenio apoya cuatro programas con el fin de respaldar a los campesinos ante las contingencias que puedan enfrentar.

Mencionó que análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) evidenciaron que los beneficiarios de dichos programas eran, principalmente, productores del norte con sistemas de riego.

Ante esta situación, precisó, se creó el Seguro Catastrófico, de tal forma que los pequeños productores tuvieran acceso. “Si los programas han funcionado correctamente, la cobertura del seguro tendría que crecer”.

Detalló que la proporción de aseguramiento respecto del total de la superficie sembrada pasó de 20.3 por ciento en 2006 a 43.7 por ciento en 2011. Con ello, queda de manifiesto que de los 22.1 millones de hectáreas sembradas a nivel nacional, el 56.3 por ciento no tuvo acceso a algún tipo de seguro.

Es de destacar, argumentó el CEFP que del total de la superficie asegurada el 81.21 por ciento se contrató para actividades agrícolas de temporal y el 18.79 por ciento restante para cultivos de riego. El 69 por ciento del total de la superficie asegurada se concentró en productos básicos como el maíz, frijol y trigo.

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