Durante la tercera reunión de planeación del Consejo Unidos contra la Trata de Personas, la diputada Rosi Orozco (PAN), señaló que la mayoría de los estados del país “no están haciendo nada para lograr sentencias, no hay ni siquiera operativos en materia de trata de personas".

Precisó que las entidades en las cuales todavía no hay aún operativos son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Dijo que toda esta información se está recabando para presentarla el día 3 de septiembre, a través de la Plataforma Unidos hacemos la diferencia.com, la cual contendrá la información más completa en la materia.

“Una de las acciones que se llevará a cabo es el monitoreo presupuestal para ver cuánto está etiquetando cada entidad para el tema de trata”.

La legisladora manifestó que en la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, hay 97 líneas de acción que tienen que ser ejecutadas por parte del Gobierno Federal.

“Es necesario lograr que el combate a la trata de personas se lleve a cabo en todas las entidades de la república, ya que unidos hacemos la diferencia y acabar con este problema social sí es posible, en unidad con la sociedad civil, los medios de comunicación y los legisladores electos”.

El diputado César Daniel González Madruga (PAN) afirmó que el 43 por ciento de las víctimas de la trata de personas provienen de comunidades indígenas. “La población indígena es la raíz, origen y esencia ancestral que nos hace ser mexicanos y han sido portadores de inmensos y profundos conocimientos a lo largo de su historia”.

En tanto, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que la trata de personas es la tercer actividad ilícita que genera mayores fondos al crimen organizado.

En este sentido, expresó que en México falta un esquema moderno para perseguir a las bandas del crimen organizado vinculados a la trata.
Por tal motivo, consideró que es indispensable que se debata en el Congreso la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales.

“Mientras una persona que se roba dos jabones es detenida y se le imputa un robo agravado sin derecho a la libertad, una empresa, una transnacional cómplice comete un delito de trata de personas y los recursos son lavados para fortalecer el crimen organizado, eso en México es materia administrativa y no penal”.

Puntualizó que también es necesario generar fiscalías anti trata en cada una de las procuradurías del país, con policías capacitados en la materia y condenas a través de un criterio unificado.

Por su parte, el Procurador General de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, resaltó que la Ley General para Prevenir, Sancionar la Trata de Personas es muy completa, ya que no sólo establece los derechos de las víctimas y el delito, sino las instancias de coordinación para la atención a las ofendidas.

Asimismo instaura todos los principios que rigen o regulan la atención previa, durante y posterior al proceso, así como todos los mecanismos de relación institucional que deben ponerse en marcha para la atención de víctimas.

“Es una de las primeras leyes que aborda el problema desde la perspectiva de las víctimas del delito, bajo cuatro ejes principales: la prevención, investigación, persecución y la sanción de los delitos”.

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