18-08-2012 El diputado José Ramón Martel López (PRI), propuso hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que publique el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, ya que, dijo, hay inversiones estimadas por 300 mil millones de pesos para ejercerse este mismo año.

Refirió que la expectativa del sector privado es que al publicarse el reglamento, al menos 80 por ciento de los proyectos de infraestructura contemplados se realicen bajo este esquema.

Además, se podrían revertir rezagos que han limitado el crecimiento económico, ya que la inversión total como porcentaje del Producto Interno Bruto ronda en 20 por ciento, en comparación con 41.5 por ciento, promedio de los países de la OCDE.

Señaló que para generar mayor bienestar social y económico es necesario que los inversionistas presenten proyectos de aeropuertos, carreteras, ferroviarios, portuarios, de tratamiento de agua, optimización de luz eléctrica, manejo de la basura, mejora en servicio hospitalario, escuelas, entre otros, que generan infraestructura, crean empleos directos e indirectos en todo el país.

Por tal motivo, el legislador presentó un punto de acuerdo que fue enviado a la Primera Comisión de la Permanente, para que el Ejecutivo publique de manera inmediata el reglamento a fin de otorgar certeza jurídica al flujo de capitales, y aprovechar un conjunto de inversiones en beneficio de la reactivación económica.

“En los próximos días se cumplirán 7 meses de la entrada en vigor de esta Ley; sin embargo, aún no se ha expedido el reglamento correspondiente, lo que se convierte en una causa de desaliento para los inversionistas”.

Afirmó que esta ley es pionera en la administración pública, porque sienta las bases para regular y conjuntar el esfuerzo común entre las instituciones gubernamentales y los particulares, para la prestación de servicios de interés general en pro del desarrollo nacional.

Expresó que propicia mayor transparencia, seguridad y certeza jurídica, para los particulares interesados y para las instancias gubernamentales que intervengan en la realización de proyectos de interés público.

Asimismo, constituye un eje que moderniza, simplifica y mejora los procedimientos de contratación para el desarrollo de la infraestructura nacional, y permite atraer tecnología de punta y capacidad empresarial.

Será piedra de toque para el impulso de nuevos proyectos de infraestructura, de incentivos a la inversión, de atención a necesidades sociales acumuladas, de impulso al empleo y al crecimiento económico de manera más sólida, enfatizó.

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