En la LXI Legislatura, la Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Carlos Flores Rico, logró aumentar en más de 16 mil millones de pesos (mdp) el presupuesto para los programas sociales, pasando de casi 68 mil 147 en 2009 a 84 mil 860 para 2012.

Destacó que en un país con la mitad de su población en condición de pobreza, fue preocupación lograr que los recursos federales destinados al desarrollo social fueran suficientes y llegaran eficientemente a las comunidades, especialmente a las de mayores rezagos.

Mencionó que a lo largo de los últimos 80 años, México ha construido sólidas instituciones y un marco legislativo para hacer efectivos los derechos sociales. Sin embargo, en los recientes lustros el modelo ha reducido su efectividad y cada vez aparece más insuficiente.

Por ello, agregó, la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados avanzó en reformas de tercera generación para dotar de mejores herramientas a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En un marco de cooperación entre poderes, precisó, fue consideración de los diputados dar seguimiento puntual a la política de desarrollo social, proponiendo, desde la responsabilidad del Congreso, soluciones para combatir la pobreza.

Resaltó que si bien falta mucho por hacer, se ha avanzado con medidas legislativas claras y con un mayor presupuesto para reducir las carencias de los mexicanos en salud, educación y seguridad social.

En su informe final de actividades, mencionó que algunos logros presupuestarios son: que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades pasó de 5.2 millones de beneficiarios en 2010 a 5.8 millones en 2012, lo que significa que atienda no sólo a aquellos mexicanos en zonas rurales, sino también a mexicanos en extrema pobreza que habitan en ciudades medias.

Indicó que el Programa de Apoyo Alimentario contó con un presupuesto de mil 814.4 millones de pesos en 2009 y pasó a cuatro mil 083.8 millones en 2012 para atender a dos millones 668 mil 058 beneficiarios.

La LXI Legislatura asignó en 2012, al Programa de Abasto Rural, mil 796 millones de pesos como presupuesto para apoyar a 25 mil 468 tiendas, comparado con los mil 500 millones que se le habían asignado al programa en 2009, que atendió a 22 mil 782 tiendas en ese año.

El Programa de Abasto Social de Leche, puntualizó, atendía a seis millones 301 mil 382 beneficiarios con un presupuesto de mil 560 millones de pesos en 2009; y actualmente atiende a siete millones 686 mil 897 personas, con más de mil 600 millones de pesos.

Para el Programa 70 y Más, en el ejercicio fiscal de 2010, la Comisión impulsó recursos por el orden de 13 mil 205.2 millones de pesos; en 2011, por 13 mil 287.2 millones; y para 2012 se logró dotar de 18 mil 821.2 millones de pesos, que resulta el mayor presupuesto en los últimos 10 años; se traducirá en una meta de 3.6 millones de beneficiarios.

Durante 2009, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas atendía a 247 mil 115 beneficiarios con una asignación presupuestal de 228.2 millones de pesos. Para 2012, se asignaron 290.6 millones, para atender a 658 mil 871beneficiarios.

En tanto, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, durante 2009, atendía a 243 mil 330 beneficiarios con una asignación presupuestal de dos mil 522 millones de pesos. Para 2012, se asignaron dos mil 891 millones de presupuesto para lograr atender a 268 mil beneficiarios.

Mientras que el Programa de Empleo Temporal, atendía a 97 mil 610 beneficiarios, con un presupuesto de 343 millones de pesos en 2009; y actualmente atiende a 407 mil 774 con mil 248 millones de presupuesto.

La Comisión precisó que se avalaron importantes reformas por un desarrollo urbano sustentable; para establecer la perspectiva de género como principio en la política de desarrollo social; y para garantizar reglas de operación de los programas sociales sencillas, oportunas, ágiles, equitativas y transparentes.

Además, con las reformas para constituir un Fondo de Contingencia Social, se dio respuesta a quienes sufren los embates de las contingencias naturales que devastan su patrimonio.

De igual modo, se establecieron cambios legales para transparentar el ejercicio de los programas sociales, con mejores herramientas para identificar la pobreza y para focalizar el presupuesto social hacia aquellas zonas de atención prioritaria que más lo requieran.

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