• Crimen organizado ha cambiado el narcotráfico por la trata de personas

• Urge homologar los marcos locales con el federal para mejorar su combate
28-08-2012 La diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, señaló que deberá ser prioridad de los diputados de la LXII legislatura la aprobación de un presupuesto adecuado para el combate de la trata de personas ya que, subrayó, el crimen organizado la considera más lucrativa.

Dijo que para operar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, sólo desde la Comisión Intersecretarial, se requerirán alrededor de 150 millones de pesos para que ésta no quede únicamente en letra.

Además, dijo, “están las líneas de acción de la Ley General que señala de manera directa a cada una de las dependencias del Gobierno Federal que deberán tener recursos”.

Afirmó lo anterior, durante la Quinta reunión de Planeación del Consejo “Unidos contra la Trata de Personas”, en la cual advirtió que el crimen organizado ha empezado a cambiar el narcotráfico por la trata de personas ya que, sostuvo, “un ser humano puede ser vendido en varias ocasiones”.

Al respecto, explicó que migrantes centroamericanos que llegan a México son captados por redes del crimen organizado para ser esclavizados o vendidos.

“Existen casos de tratantes, como el de Noé Quetzal Méndez Guzmán, que se calcula victimizó a 150 mujeres”, mencionó.

Por lo anterior propuso que los Congresos locales aprueben presupuestos para capacitar a los Ministerios Públicos en la atención de víctimas de trata e instalen refugios que ayuden a la víctima a su reinserción en la sociedad a través de programas.

En este sentido, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (PAN), integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, pidió la homologación de las leyes locales con el marco federal de lucha contra la trata de personas para con esto, combatir lo que consideró la esclavitud moderna.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elías Azar, advirtió que existe una confusión para algunos jueces al momento de impartir justicia entre lo que es la trata y lo que es el lenocinio, el cual, dijo, tiene una penalidad mucho menor.

Señaló que es necesario aumentar las penas para menores de edad que someten a otros menores a la trata de personas.

“Nada paga la lágrima de una adolecente o un niño, víctima de trata”, subrayó.

Consideró que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fue tardía, lo que provocó que se perdieran varios años de lucha.

Resaltó que el D.F. es la primera ciudad con una Ley propia contra la trata de personas, aunque, recomendó tener cuidado con su aplicación ya que “no se cuenta aún con experiencia suficiente en el tema para el establecimiento de penas”.

En su turno, la presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, magistrada Yasmin Esquivel Mossa, explicó que al ser la trata de personas el segundo ilícito más redituable para el crimen organizado, este ha buscado esconderlo bajo la legalidad de establecimientos mercantiles.

“Lo que buscamos es que no se levanten los sellos de clausura de giros negros que son investigados por trata de personas; en casas de citas y centro nocturnos obligan tanto a hombres como a mujeres a ofrecer servicios sexuales”.

Fernando Batista Jiménez, 5º visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que en México existen entre 16 mil y 20 mil niños y niñas víctimas de trata; además, desde 2009 se han iniciado 629 averiguaciones previas, consignado a 209 personas y dictado 33 sentencias.

“Si comparamos el número de casos de trata con la sentencias dictadas, nos indica que existe aún una gran impunidad por este delito”, lamentó.

Por último, el diputado electo Enrique Flores Flores (PAN) manifestó su compromiso de seguir trabajando en la Lucha contra la Trata de Personas e impulsar que se destinen mayores recursos para su combate.

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