04-10-2012.- El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República (PGR), hacer pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo “Rápido y furioso”, incluyendo la que fue generada en instancias estadounidenses y remitida a las autoridades mexicanas.

Al fundamentar el punto, aprobado en votación económica, la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) dijo que es necesario que el Poder Ejecutivo federal asuma e instrumente su responsabilidad con todas las víctimas afectadas por la instrumentación del operativo, proveyendo todas las medidas que permitan resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión.

Recordó que este programa implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, permitió el ingreso legal a territorio nacional de miles de armas bajo el pretexto de que serviría para “rastrearlas” y asegurar la localización de grupos criminales.

“Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la ATF reconocieron que no podrían rastrearlas y que las armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, precisó.

Esas armas, denunció, han cobrado la vida de inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales.

Detalló que a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, la PGR todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento. La sociedad debe conocer la información disponible, que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y se rompa con el eterno círculo de la impunidad”, enfatizó.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales (PRI) denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamérica.

Agregó que con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación que a veces predomina en la materia, es de suma importancia solicitar esta información y fincar responsabilidades.

De Acción Nacional, la legisladora Adriana González Carrillo afirmó que tanto en Estados Unidos como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país. “Apoyamos a nuestro gobierno para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.

Mencionó que la cooperación es necesaria para atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde no conoce fronteras ni tiene pasaportes. “Estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido”.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del PRD, resaltó que es muy importante que se logre transparentar esta información, pero lo es más que se determinen consecuencias legales para los responsables. “En México no se han dado nombres y no ha habido responsabilidad penal”.

Se pronunció para que no se permita que el silencio permanezca, “porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales y que fallecieron con estas armas, no lo van a olvidar. Es importante que haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad”.

A su vez, el diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) resaltó que la estabilidad y paz en el país se han alterado con la introducción masiva e ilegal de miles de armas de fuego de alto calibre. “Este brutal contrabando además de estar destinado a pertrechar a la delincuencia organizada que opera en México, se ha traducido en la reciente muerte de miles de mexicanos”.

La gestación de un hecho tan lamentable como el denominado operativo “Rápido y furioso”, afirmó, no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos, de detener el tráfico de armas. “Es perverso y contradictorio que se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa en el tema del tráfico ilegal de armas y estén anunciando un programa para frenarlo”.

Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) subrayó que este operativo completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos pues, lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido empoderarla y potenciarla.

Mencionó que operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional. Por ello se manifestó para que se apruebe la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional, y hablen de “Rápido y furioso” y del fracaso de la política de seguridad pública.

Por el PT, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que es necesario que el titular del Ejecutivo Federal instrumente su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México de este operativo, promoviendo todas las medidas para resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesiones.

Hizo votos para que determine responsabilidad de los titulares la PGR, de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en la investigación.

El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) dijo que el operativo “Rápido y furioso” pone en evidencia la fragilidad en la frontera, al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento en un momento de extrema violencia en los estados fronterizos.

“Nos preocupa la pérdida de México frente al gobierno de Estados Unidos. Es una exigencia a nuestro gobierno informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo, que ha dejado un resultado negativo y va en contra del Estado de derecho”, abundó.

Comunicaciones

Se recibieron tres propuestas relativas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a fin de que se incrementen los recursos para la prevención, detección temprana y tratamiento de la diabetes mellitus; el Programa de Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras-agrícolas migrantes, y en pro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

La Secretaría de Gobernación dio respuesta a tres puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura, relativos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; a la educación superior abierta y a distancia, y diversas problemáticas en el sector pesquero.

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