04-10-2012.- El Pleno de la Cámara de Diputados solicitó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos agendar, entre los temas de la presente Legislatura, la “reforma rural estructural”, garantizando que las comisiones ordinarias y especiales relacionadas, hagan lo propio en sus programas de trabajo.

Asimismo, pidió a las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asuntos Indígenas, Reforma Agraria, y Recursos Hidráulicos, así como el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, continúen los trabajos en la materia iniciados en la anterior legislatura.

De igual forma, solicitó la participación de las comisiones de Desarrollo Social, Salud, Educación Pública y Servicios Educativos, Economía, Energía, Ciencia y Tecnología y Seguridad Pública, las cuales tienen vinculación con el sector rural.

El diputado Marco Antonio González Valdez (PRI), proponente del punto de acuerdo, destacó que la Cámara de Diputados aprobó atender la situación del campo, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, la población rural sufriría consecuencias graves en su desarrollo económico y social y se podría poner en riesgo la seguridad alimentaria, además de incrementar la intranquilidad y el malestar social.

Agregó que a pesar de haberse diseñado y establecido gran variedad de leyes, políticas y programas para el campo, la situación de éste no mejora y lo más preocupante es su creciente pobreza endémica y aguda.

González Valdez mencionó que a dos años y medio de aquella propuesta, la situación en el campo de México ha empeorado. “Coincidimos plenamente con nuestros antecesores de que se trata de un problema de seguridad nacional”.
En este sentido, dijo que la pobreza extrema y alimentaria se han asentado en la población rural, padeciéndolas 12.3 millones de habitantes. “El flagelo del hambre invade a las familias rurales y nuestra dependencia con el exterior se incrementa, sobre todo con Estados Unidos”.

Luego de ser aprobado y no haberse registrado ningún legislador para discutirlo, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, solicitó al presidente en turno de la Mesa Directiva, Jorge Arroyo Vieyra, permitiera fijar la postura de algunos diputados en torno a este asunto.

Tras ponerse a consideración del Pleno esta propuesta y ser aprobada, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento “de manera testimonial”, de acuerdo con el presidente de la Cámara.

Por el PRI, la diputada Ana Isabel Allende Cano destacó que quienes viven del campo padecen una serie de desventajas económicas y sociales que reclaman atención. De ahí que sea urgente legislar para que los campesinos y pequeños productores sean incorporados al desarrollo del país.

Los diputados, dijo, debemos ser los más cercanos a la población, conocer sus necesidades y traducirlas en instrumentos que se conviertan en políticas públicas que resuelvan los problemas más apremiantes. Abundó que “en México tenemos un gobierno federal despiadado, ya que en los momentos de mayor urgencia de los campesinos, responde con trabas y burocratismos”.

Por su parte, José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), indicó que su grupo parlamentario asumirá el compromiso y responsabilidad de promover una legislación acorde para apoyar al sector rural. Sin embargo, agregó, no se puede partir de un planteamiento mezquino y permear en la población un enfoque fatalista acerca del campo, “pues lejos de construir, sugiere la necesidad de regresar a modelos basados en el proteccionismo y en el paternalismo, ya fallidos”.

Agregó que se debe procurar fortalecer instrumentos de política pública como el Programa Especial Concurrente, con el que no se contaba y que hoy permite aglutinar distintos programas dirigidos al sector rural. “No se trata de incrementar los cuantiosos recursos públicos que se le destinan, sino asegurar la transparencia, pero sobre todo dar resultados”.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), mencionó que la ya permanente crisis alimentaria debe ser tomada como un asunto de seguridad nacional, por lo que dijo estar de acuerdo con el texto de la proposición. “Estamos de acuerdo que es un compromiso ineludible del Congreso de la Unión legislar para definir las bases constitucionales y legales para poner en marcha una política de Estado que revierta las condiciones actuales del campo”.

Se trata, abundó, de que la política de Estado para el desarrollo rural parta de un eje central que no es otro que la soberanía y seguridad alimentaria. “Actualmente, las importaciones de alimentos básicos equivalen a más del 40 por ciento del consumo nacional y de seguir por esta ruta la soberanía nacional sufrirá un mayor menoscabo”.

A su vez, el diputado Miguel Sámano Peralta (PVEM) reconoció que los problemas que enfrenta el sector rural van desde una baja productividad y escasa tecnificación hasta condiciones de abandono y niveles de pobreza inaceptables. Tan sólo para este año, mencionó, la Sagarpa estima afectaciones a 2.5 millones de hectáreas agrícolas, así como la reducción de la producción de maíz en 17 por ciento; de frijol en 40 por ciento, y la pérdida de más de 2 millones de cabezas de ganado.

“Ante un problema de estas dimensiones, la elaboración de propuestas como la reforma rural estructural iniciada por la anterior legislatura resultan de vital importancia para impulsar el desarrollo del sector, sin importar qué tan urbana o rural sea nuestra vida”, dijo.

Héctor Hugo Robledo Gordillo, del PT, propuso dar cabal cumplimiento a lo que mandata la Carta Magna en su fracción XX del artículo 27, en el sentido de que el Estado debe promover las condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina bienestar, así como su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

“El ordenamiento constitucional es preciso, con la reforma rural integral debemos y tenemos que producir el abasto suficiente y oportuno de alimentos básicos. El punto toral que apoyamos es el relativo a la soberanía alimentaria, misma que nuestro país nunca ha logrado por la insuficiencia de los programas agropecuarios”, dijo.

Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) consideró que las llamadas reformas estructurales no han sido más que logros para grupos e intereses particulares, las cuales han conseguido eliminar todo intento para beneficiar al país. “Es así que México continúa rezagado, mientras otros países apuestan a cambios eficientes”.

Aseguró que los programas implementados hicieron del campo redes clientelares y corporativas que, lejos de beneficiar al productor, terminaron favoreciendo a los más ricos, concentrando la riqueza en manos de unos cuantos. Por ello, propuso la creación de foros con los productores, para que expliquen cuál es la verdadera realidad que se vive en el campo antes de discutir una reforma.

Finalmente, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) dijo que la alimentación es un asunto de soberanía y sustentabilidad; por ello, la importancia de colocar el tema del desarrollo rural en la agenda nacional, que debe ser atendido por la Cámara de Diputados, a fin de contribuir a que el campo se ubique como un sector estratégico.

“Trabajaremos para que se emita una Ley de Planeación Agropecuaria y Forestal, para coordinar los recursos y esfuerzos en torno de las estrategias nacionales que se fijen. Esta problemática debe considerarse como un tema de seguridad nacional, toda vez que la falta de una visión sustentable ocasiona la improductividad del campo y, al mismo tiempo, que se aumente la necesidad de importar productos agrícolas”, concluyó.

Al término de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva citó para la siguiente que tendrá lugar el próximo martes 9 de octubre a las 11:00 horas.

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