09-10-2012 El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a los gobiernos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a que consideren en sus programas y planes de desarrollo, los elementos necesarios para ampliar la matrícula de bachillerato, así como para fortalecer las instituciones, infraestructura, personal académico y elevación de la calidad educativa.

La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD), impulsora del punto de acuerdo, destacó que el pasado 9 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el párrafo primero, inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha reforma, dijo, reconoce a la educación media superior al igual que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) como obligatorias y se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Ello obliga, abundó, a que el Gobierno Federal y las entidades federativas establezcan los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales para infraestructura de la educación media superior de acuerdo con el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo. “Así, el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 debe contemplar este ordenamiento”.

Concluyó que la Auditoría Superior de la Federación reveló, en el informe de la Cuenta Pública de 2010, que sería hasta 2043,o cuando se alcance la cobertura universal de la enseñanza media superior, lo que implicaría un retraso de 22 años respecto a lo que ordena la reforma constitucional. “Es evidente que esta legislatura debe tomar cartas en el asunto y vigilar que el precepto constitucional aprobado se cumpla”.

El diputado José Pilar Moreno Montoya, del PRI, mencionó que el número de jóvenes de entre 15 y 18 años obliga a generar la infraestructura suficiente para brindarles la oportunidad de prepararse y alcanzar el nivel bachillerato. “No olvidemos que en la legislatura pasada se aprobó la obligatoriedad del bachillerato y por consecuencia debemos buscar los medios que permitan que este mandato se cumpla”.

Aseguró que a la fecha sólo se atiende el 60.4 por ciento de la población juvenil, es decir, aproximadamente 5 millones 292 mil 111 de un universo de 8 millones 761 mil en edad de estudiar. “Quiere decir que debemos crear espacios para 2 millones 365 mil jóvenes. Pero lo importante no radica en inscribir a una gran mayoría, sino evitar la deserción, ya que del 60 por ciento, alrededor de 2 millones 116 mil jóvenes abandonan la preparatoria por múltiples motivos, por ello debemos revisar los planes y programas”.

A su vez, el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del PAN, consideró que es requisito fundamental y condición básica para resolver el problema de la educación en México, establecer en la Carta Magna los principios estructurales de un verdadero sistema educativo.

“Coherente con ello, nuestro grupo parlamentario y el Ejecutivo Federal impulsamos la aprobación del decreto por el que se reformaron los artículos 3º y 31 de nuestra Carta Magna, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior y llevar a cabo una serie de acciones, entre otras, la alineación de los planes y programas que se imparten en 7 mil 310 planteles así como dar mayores atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del PRD, señaló que el decreto que reforma el artículo 3o. pone a la educación como una prioridad y, en este sentido, resaltó que el Estado está obligado a impartirla de manera laica, científica, democrática, libre y gratuita.

Indicó que es necesario materializar el espíritu de la norma y traducirla en presupuesto suficiente para crear las condiciones y atender de forma integral y continua la cobertura de una educación media superior de calidad; “presupuesto suficiente para no dejar en letra muerta lo establecido en el decreto del pasado 9 de febrero del presente año, que atiende la demanda de que la educación es prioridad para el crecimiento y desarrollo integral de un país, y no una mercancía como se ha pretendido hacerla pasar”.

Mónica García de la Fuente (PVEM) consideró que la ampliación de la matrícula de alumnos en el nivel de educación media superior requiere del fortalecimiento de nuestras instituciones; generar una mejora en la infraestructura, así como establecer una correcta preparación del personal académico y de los alumnos.

“La realidad en México es que la educación media superior hoy no se encuentra en condiciones de atender a todos los jóvenes que desean ingresar a esta etapa del sistema educativo. El propio secretario de Educación, José Ángel Córdova Villalobos expresó que para atender este reto se necesitan más de 14 mil millones de pesos y recursos adicionales por otros 24 mil millones. Por ello la importancia de este llamado al Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno para que cumplan con sus responsabilidades”.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) mencionó que la reforma a los artículos 30 y 31 constitucional tiene como trasfondo el tema de millones de jóvenes que “ni estudian ni trabajan” y que derivado de un contexto social y familiar, en el que “lamentablemente” por falta de oportunidades y un creciente enrolamiento en las bandas del crimen organizado, requieren con urgencia espacios para ser incorporados en el Sistema de Educación Media y Educación Superior.

Agregó que México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público, lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro, el 21.7 por ciento del gasto público total, frente al 13.3 por ciento, promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE, no obstante, el gasto per cápita por alumno permanece muy bajo en todos los niveles escolares.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán, del PT, resaltó que la ampliación de la matrícula en el nivel de educación media superior no es un asunto nuevo, sin embargo, dijo, sigue siendo el reclamo de todos para que los jóvenes en edad de cursar su educación preparatoria sean atendidos.

Añadió que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debe haber una inversión de 8 por ciento del Producto Interno Bruto en educación, sin embargo, la realidad es que sólo se destina apenas 5.5 por ciento, lo que representa un gasto por alumno de 6 dólares, “cifra por debajo de lo recomendado por dicho organismo, que es de 25 mil dólares”.

El diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, reconoció que uno de los retos actuales de nuestro país es elevar la oferta y calidad de la educación para responder a los desafíos del conocimiento y sentar bases sólidas para el desarrollo integral de la sociedad.

La educación media superior, dijo, es estratégica en la formación de las personas, sin embargo, “resulta complicado cumplir este anhelo al no existir infraestructura para cubrir la demanda que año con año se incrementa. Esta realidad, abundó, configura la exigencia para que la federación, los estados, municipios y el Distrito Federal asuman su responsabilidad y canalicen los recursos necesarios para ampliar la matrícula, infraestructura y mejorar la calidad de la educación media superior.

Al término de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva citó para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de octubre a las 11:00 horas.

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