17-10-2012.- Durante la conferencia Clasificación del presupuesto público para el desarrollo rural sustentable, el diputado José Rubén Escajeda Jiménez (PRI) propuso diseñar un presupuesto para el campo enfocado a la calidad en el gasto y la inversión, que permita esquemas de comercialización para productores y precios rentables.

Argumentó que entre sociedad, gobierno y expertos se debe trabajar en la restructuración del campo a través de políticas efectivas y una mejor calidad del gasto.

“Debemos construir una propuesta presupuestal integral que permita construir infraestructura, evitando que el dinero se canalice a programas ineficientes y convierta al campo en una actividad rentable”.

El diputado José Antonio León Mendívil (PRD) afirmó que el problema de corrupción en los recursos destinados al agro es grave, por lo que pidió mayor fiscalización al uso de los dineros.

Señaló que el Estado debe apoyar el desarrollo rural, orientar la inversión productiva y construir infraestructura para elevar la producción. “Es necesario hacer una revisión puntual de la política agropecuaria, los programas y las reglas de operación”, insistió.

Dijo que los niveles de pobreza en el ámbito rural son alarmantes, por lo que se buscará crear condiciones para que los ciudadanos interesados en producir accedan a los programas de manera fácil, viable y sin complicaciones.

El director del CEDRSSA, César Turrent Fernández, advirtió la necesidad de delinear un apoyo desde el Presupuesto de Egresos, aunado a un plan nacional de desarrollo, políticas y programas que se involucren a favor de las unidades de producción para el campo.

De los cinco millones de unidades de producción rural del país, un millón no reporta actividad productiva y de los cuatro millones que tienen actividad, alrededor de un millón pertenece a grandes, medianos y pequeños empresarios y tres millones son de economía campesina o familiar, de los que un millón está dirigido por indígenas, aseguró.

“Desde el centro de estudios aportamos elementos que generen debate, conocimiento al servicio de los legisladores y su cuerpo técnico, y criterios de análisis para una mejor y más eficiente aprobación del Presupuesto para el desarrollo rural sustentable”, dijo.

En su oportunidad, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Gómez Oliver, expresó la necesidad de una política de Estado de largo plazo, basada en estrategias de desarrollo regional, que integren acciones plurisectoriales y nuevos programas que induzcan la transformación productiva y el progreso autónomo.

Puntualizó que el ingreso por habitante en el medio rural es 73 por ciento inferior al promedio nacional, por lo que se requiere de una perspectiva presupuestal multianual enfocada a un programa de inversiones para mejorar la infraestructura, condiciones de vida y bases económicas.

En tanto, el especialista del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Juan Antonio Leos Rodriguez, manifestó que es imperioso trabajar en un presupuesto multianual que permita la aplicación de políticas transexenales.

“A pesar del dinero que se planea para la agricultura, los recursos no llegan a su destino; por tal motivo, los legisladores deben trabajar en una política que integre a los campesinos a los circuitos comerciales y al mercado”, subrayó.

El consultor Arturo Puente González destacó que el campo requiere de una asignación puntual de los recursos, “por lo que se debe cambiar la política de gasto por una de largo plazo que fomente el desarrollo de regiones y economías de especialización”.

Se pronunció por un marco constitucional que amplíe la aplicación de apoyos al desarrollo rural y la economía campesina.

Posteriormente se presentó el libro del CEDRSSA Ópticas diversas de la Evaluación del desempeño en México, que aporta una evaluación del desempeño de los programas desde distintas perspectivas.
Durante el evento, el director general del centro de estudios, Cesar Turrent Fernández, mencionó que este compendio estará disponible en formato electrónico.

“Los requerimientos de los legisladores son conocer los programas y autorizar presupuestos, además de saber si verdaderamente impactan. Los recursos para el campo son crecientes, pero nunca suficientes”.

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