18-10-2012 Diputados, el CEDRSSA, investigadores y especialistas de la FAO se pronunciaron a favor de que lo antes posible se apruebe el reglamento a la Ley General del Derecho a la Alimentación, así como la creación de una Supersecretaría u organismo descentralizado de la Alimentación.

La diputada Norma Ponce Orozco (PRI), al inaugurar el panel Perspectivas en la reglamentación del derecho a la alimentación, dijo que ahora es el momento de pasar de la letra a generar políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación nutritiva y suficiente, como lo establece la Ley General del Derecho a la Alimentación aprobada en 2011 durante la LXI Legislatura.

El diputado José Antonio León Mendívil (PRD) precisó que la ley reglamentaria actualmente está en análisis de Comisión en el Senado, para luego votarse en el Pleno.

Consideró urgente el reglamento con el fin de que el derecho a la alimentación de calidad y nutritiva se haga efectivo y no sólo exista en la letra.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) argumentó que 50 por ciento de mexicanos viven en pobreza, de los cuales 28 millones (25 por ciento de la población) enfrentan carencia alimentaria; de esa cifra 20 millones corresponden al sector del campo; “el hambre tiene un rostro rural”, subrayó.

Destacó que el país pasó ya a la dependencia alimentaria, al importar de otras naciones el 95 por ciento de soya, el 80 por ciento de arroz, 56 por ciento de trigo y 36 por ciento de maíz.

De acuerdo al informe Presidencial, al final de 2012, producto de los incrementos de las bolsas de granos, se tendrán importaciones estimadas por 33 mil millones de pesos, monto que significa diez veces más el presupuesto que se aplica a fomentar la producción de alimentos, si se consideran programas como PROCAMPO, Alianza para el Campo y Apoyos a la Comercialización.

El director general del CEDRSSA, César Turrent Fernández, en el cuarto día de trabajos por el octavo aniversario de este centro de estudios consideró que como país se ha dado un paso importante al modificar la Constitución y avanzar en el derecho a la alimentación; ahora falta garantizarlo a través de una ley reglamentaria.

Jesús Guzmán Flores, investigador del CEDRSSA, aseveró que se requiere de una reingeniería institucional para garantizar el derecho a la alimentación.

José Grijalva Eternod, de la Comisión de Derechos Humanos del DF, resaltó que en la ley reglamentaria debe discutirse el tema de la “justiciabilidad del derecho a la alimentación”.

Vera Scholz, consultora FAO-IALCSH, dejó en claro que el Estado es el garante del derecho a la alimentación, pero lamentablemente no podemos pedir a las empresas que lo garanticen, afirmó.

Posteriormente, durante la mesa Federalización Administrativa en el Sector Rural, César Turrent Fernández, advirtió la necesidad de trabajar sobre un desarrollo equitativo que impulse la generación de empleos, seguridad social y una producción que permita el abastecimiento de la población. “Es urgente reconocer el valor que tiene el sector rural a fin de desarrollar un sector primario sólido”.

En tanto, el director del área de Propuestas Estratégicas del CEDRSSA, Francisco Márquez Aguilar, puntualizó que es necesario replantear la interrelación de las dependencias en los tres órdenes de gobierno, a fin de coordinar los esquemas de participación para que el desarrollo rural se convierta en realidad tangible.

El coordinador general de delegaciones de la SAGARPA, Francisco López Tostado, afirmó que la federalización administrativa del sector rural es el eje central para trabajar de manera estructurada entre los órdenes de gobierno y la sociedad.

En su oportunidad, el delegado de SAGARPA en el estado de Hidalgo, Francisco Velarde García, señaló que se deben enriquecer los convenios de coordinación estatal, con el objeto de llevar a cabo una descentralización de funciones, atribuciones y recursos, que fortalezcan la creación de instituciones sólidas.

El consultor de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Julián Moreno Castillo, precisó que esta asociación ya integra un anexo para identificar las oportunidades de inversión en los estados, “ya que es urgente impulsar un proyecto que conduzca al sector rural hacia mejores niveles de producción”.

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