19-10-2012.- Durante la conferencia "La industria minera en México, aspectos geopolíticos, legislativos y sociales", el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD) planteó reformar el marco jurídico del sector para erradicar para evitar formas de explotación caducas y el despojo de tierras y patrimonio cultural.

Agregó que en las regiones mineras de tajo abierto, "las compañías se van en cuanto terminan de extraer y no dejan nada a los pueblos indígenas”.

En el marco del VIII Aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) precisó que las regiones indígenas son las “más codiciadas” por la industria minera. Resultan tan baratas, que terminarán convirtiendo el paisaje mexicano en tierras que no se podrán explotar por la contaminación, ni se podrán regenerar los bosques durante muchos años”.

Ante ello, Morales Vargas propuso mantener la Comisión Especial Minera en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta de reformas al ordenamiento en la materia que él mismo presentó al inicio de esta Legislatura.

Al presentar la ponencia “Aspectos Geopolíticos de la Minería en México”, Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la ley minera del país requiere una revisión.

La legislación vigente carece de una regulación específica de capital extranjero; de protección de los pueblos indígenas y zonas productoras rurales, las cuales son muy limitadas. “Vamos a entregar parte de nuestro territorio para luego no poder sembrar nuestros alimentos”.

La ley del ramo, añadió, tiene un excesivo plazo en las concesiones, que son a 50 años, y carece de un criterio estratégico de los minerales; es discrecional en materia de pago de primas y regalías, pues los derechos para concesiones mineras están entre 5.70 y 124.74 pesos, lo cual hace al país muy atractivo para la inversión extranjera.

Reconoció que México tiene un gran potencial minero, pues 85 por ciento de sus reservas sin explotar y 70 por ciento de su superficie mineralizada tiene condiciones de ser explotada y hay 23 yacimientos gigantes.

“Desde cualquier perspectiva económica, social o ecológica, la Ley Minera se queda corta”, por lo que su reforma es una cuestión trascendental por el boom minero que se vive, sostuvo Delgado Ramos.

Agregó que entre 2000 y 2010 el consumo global de materiales mineros pasó de 48.5 millones a casi 60 millones de toneladas, mientras que el consumo de energía aumentó de 450 a 509 hexa-Jules en el mismo lapso.

“De continuar esa dinámica, para 2050 se triplicará la producción de materiales, con el costo ambiental y demanda excesiva de tierra y aguas”.

Explicó que producir un gramo de oro, genera 540 mil gramos de residuos tóxicos, sin considerar los “jales” y el tepetate, en cuyo caso aumenta a siete millones 500 mil gramos la generación de contaminantes, en tanto, la producción de un gramo de hierro genera 12 gramos de desechos tóxicos y 91 toneladas de agua contaminada.

No obstante la tendencia de crecimiento del sector en términos económicos, el empleo se ha quedado prácticamente estancado y el número de fuentes de trabajo directas se ha mantenido entre 250 y 260 mil.

Mencionó que entre 2007 y 2008 operaban 263 compañías mineras en el país, con 677 proyectos, la mayoría de Canadá, y para 2011, fueron 833 proyectos, también canadienses, principalmente .

En su oportunidad, César Turrent Fernández, director del CEDRSSA destacó que debe haber una reforma rural estructural cuyo eje sea la armonización legislativa. “No sólo es modificar un artículo o una ley, sino el conjunto de leyes para poder abarcar problemas económicos, sociales y ambientales”.

Explicó que el concepto de desarrollo rural abarca cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra y territorios, porque la producción agropecuaria no es la única problemática del sector rural, sino también las posibilidades de generación de empleos y riquezas.

Indicó que las tierras de uso común, en propiedad social de los núcleos agrarios, ascienden a 70 millones de hectáreas “inembargables, imprescriptibles e inalienables”, y 30 millones de hectáreas en propiedad, con posibilidades de dominio pleno y propiedad privada.

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