• El Pleno regresa la minuta al Senado con cambios

25-10-2012.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 447 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el dictamen de la minuta que contiene la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el Ejecutivo Federal con carácter de preferente.

Para su discusión en lo particular fueron reservados los artículos 8º, 9º, 69, 73, y el 4º transitorio. De éstos, fueron aprobados el 8º y 9º con 447 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Se desecharon la reservas del 69 y 73 y se retiró la del 4º transitorio.

Por lo que respecta al artículo 8º, impulsada por el diputado Fernando Charleston Hernández (PRI), se precisa la redacción para establecer que en el caso de que el Consejo Nacional de Armonización Contable requiera de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, se reserve el derecho de invitarlo con la frecuencia necesaria para contribuir a sus trabajos.

En tanto, la modificación al artículo 9º, presentada por el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD), es una adición al texto de su fracción IX.

Dice: Al analizar y, en su caso, aprobar los proyectos que someta a consideración el secretario técnico, incluyendo a aquellos de asistencia técnica, así como el otorgamiento de apoyos financieros para los entes públicos estatales y municipales.

Se agrega: Asimismo para el cumplimiento de las obligaciones que refiere esta ley, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo.
El dictamen avalado en lo general y en lo particular, refiere que con esta reforma, la información financiera de los diversos órdenes de gobierno deberá presentarse de forma clara, sencilla y accesible no sólo a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general.

Ello, señala, con el propósito de cerrarle espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas indebidas.

De igual forma, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a profundidad con sus gobiernos y tener capacidad de demandar más y mejores resultados.

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, Elsa Patricia Araujo de la Torre, del PRI, indicó que la reforma parte de una exigencia ciudadana de mayor transparencia de los asuntos públicos y una efectiva rendición de cuentas de autoridades, representantes populares y funcionarios.

Afirmó que la propuesta que presentó el Ejecutivo por la vía de la iniciativa preferente cumple con dos objetivos básicos: que la sociedad tenga mayor información sobre el uso de fondos públicos, combatir y prevenir la corrupción y el desvío de recursos públicos a fines distintos a los programados.

Además, abundó, se fortalece la vigilancia, pues se dan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y las instancias de transparencia, así como de la propia Cámara de Diputados.

Ricardo Villarreal García, del PAN, dijo que la falta de transparencia no es exclusiva de algún estado o municipio, sino una práctica casi generalizada, por lo que a través de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental se obligará que exista transparencia.

Resaltó que el espíritu de la iniciativa es homogeneizar la forma de presentar la información financiera y obligar a las autoridades, tanto de las entidades federativas como de los municipios, a rendir cuentas claras y de forma pública para evitar el desvío de recursos y limitar una de las posibles formas de corrupción.

El legislador puntualizó que no podemos seguir siendo testigos de la corrupción y del deterioro de las finanzas públicas en los estados y en los municipios. La política en México, afirmó, ya cambió de un régimen de opacidad e intolerancia para transitar a una democracia que rinde cuentas a la sociedad.

Guillermo Sánchez Torres (PRD) destacó que la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental representa un avance muy importante, aunque todavía insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Mencionó que el nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha crecido en forma alarmante durante este sexenio ya que de acuerdo con un informe de la calificadora Fitch, en sólo 4 años dicho endeudamiento pasó de 203 mil millones de pesos en 2008, a 404 mil millones en 2012, monto que representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Abundó que igualmente señala que el 63 por ciento del incremento de las deudas estatales se concentra en 7 Estados: Coahuila, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Quintana Roo y Michoacán.

Tomás Torres Mercado (PVEM) dijo que México cruza por una crisis peor a la de la violencia, y es la falta de confianza porque en un lapso apenas superior a 10 años, el Presupuesto Federal ha crecido en casi el 300 por ciento, pero la pobreza, la marginación y el anhelo de bienestar social no se logra porque no se sabe a dónde van a parar los recursos.

Por ello, agregó, la reforma aprobada aborda dos ejes fundamentales, uno: principios y reglas para la contabilidad gubernamental, no sólo de los poderes federales y estatales, sino a nivel municipal y de todos los entes públicos; además, principios, para darle un sentido homogéneo a la información del uso, destino y origen de las finanzas públicas.

Juan Ignacio Samperio Montaño, del Movimiento Ciudadano, mencionó que la corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades, se gasten en intereses particulares.

Resulta relevante, abundó, la imposición de candados a las entidades federativas y los municipios en los gastos que realizan con recursos obtenidos a través de las aportaciones federales. Tan sólo, precisó, entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.

Ricardo Cantú Garza, del PT, resaltó que la reforma tiene como propósito incorporar una serie de disposiciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades federativas y municipales. La sociedad, abundó, tiene derecho a conocer el uso y destino de los recursos que aportan a través de los impuestos y contribuciones, sin importar el nivel de gobierno que los ejerza.

Además, dijo, se establece la obligación de que los gobiernos federal, estatales y municipales, hagan homogénea la información de los recursos que reciben, con el propósito que sea comprensible y de fácil acceso para los ciudadanos. Por ello, dentro de las modificaciones se prevé que los municipios contarán con recursos y asistencia técnica para cumplir con las normas de revelación de información y transparencia.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, se pronunció por la consolidación de un Estado democrático, cuyos órganos operen a la vista de todos.

Además, avanzar hacia una etapa histórica donde la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, la impunidad y la insensibilidad de los servidores públicos se combatan con decisión y sin consideraciones de ningún tipo.
El dictamen aprobado será devuelto al Senado de la República con las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para su trámite correspondiente.

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