30-10-2012.- El Pleno Camaral exhortó al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Economía y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que detenga de manera inmediata la importación de frijol, toda vez que atenta contra la producción, comercialización y distribución del grano mexicano.

Pidió impulsar el consumo interno del frijol nacional e instaurar un programa emergente para la distribución y comercialización, a fin de evitar que se vulnere la soberanía alimentaria y se atente contra los empleos de los jornaleros agrícolas.

Al fundamentar el punto de acuerdo, aprobado en votación económica, el diputado Óscar Bautista Villegas (PRI) precisó que es necesario detener una acción emprendida por el gobierno federal para importar más de 138 mil toneladas de frijol.

Subrayó que con esta medida se pone en riesgo no sólo la estabilidad económica de los productores rurales, sino la supervivencia de sus familias y comunidades.

Refirió que después de dos años de sequía recurrente, se tiene estimada una producción estimada de más de 650 mil toneladas de frijol y con esto se tiene cubierto el abasto nacional doméstico. Guanajuato, Zacatecas, Durango, Nayarit, Chihuahua y San Luis Potosí producen el 80 por ciento de esta leguminosa.

Bautista Villegas destacó que la siembra de frijol genera más de cuatro millones de empleos directos e indirectos; representa la segunda actividad agrícola más significativa del país. Quienes se dedican a su cultivo son productores rurales que habitan en comunidades de muy alta y alta marginación.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (PRI) expresó que es increíble que un tema tan importante para la soberanía alimentaria del país no llame la atención de las autoridades.

“Apoyamos por unanimidad este punto. Esperamos que tenga un impacto en el Poder Ejecutivo que dé beneficios a la sociedad y primordialmente a los productores”, agregó.

Por el PAN, la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez indicó que es fundamental fortalecer las acciones que permitan a los productores mexicanos, la comercialización justa de sus cosechas y cuidar desde el gobierno la economía familiar, garantizando el abasto suficiente, oportuno y a precios accesibles del frijol.

Se manifestó porque la Secretaría de Economía revise el tema y, en todo caso, reduzca el plazo de vigencia del cupo de importación de frijol. Mientras que la Sagarpa deberá fortalecer las acciones para garantizar a los productores mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

A su vez, el diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD) se pronunció por establecer una estrategia de desarrollo rural que proteja a los pequeños y medianos productores, así como la soberanía y seguridad alimentaria. Además de construir una reserva nacional de víveres, “que permita que las importaciones de los granos básicos sean la excepción y no la norma”.

Refirió que de acuerdo a las cifras del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera de la Sagarpa, México tiene una producción de frijol del orden de un millón 150 mil toneladas; con ello se cubre el consumo humano de 900 mil toneladas.

El legislador Héctor Narcia Álvarez (PVEM) mencionó que de no suspenderse la importación de frijol se verá afectada la producción nacional, principalmente de San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Chiapas.

Puntualizó que el frijol es un cultivo de la canasta básica y tiene un consumo per cápita de 11 kilogramos, por lo que es fundamental que se suspendas las importaciones de esta leguminosa, ya que en fechas próximas inicia la cosecha y se estima que habrá una producción de 600 mil toneladas en una superficie de un millón 700 mil hectáreas.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Luis Martínez Martínez resaltó que el gobierno debe atender de manera urgente las necesidades de los productores de frijol. “Frenar su importación, acordar una estrategia para comercializarlo y asignar precios justos tanto para consumidores como productores”.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) expresó que se debe aprobar una ley que garantice alimentos en condiciones saludables y nutritivas, y promueva el desarrollo integral de los productores nacionales. “Se debe retomar el tema de soberanía y seguridad agroalimentaria”.

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