31-10-2012.-La Cámara de Diputados condenó el asesinato de los líderes del movimiento barzonista, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido el 22 de octubre en Chihuahua y exigió esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de dicho crimen.

El Pleno se pronunció porque se resuelva el conflicto derivado de la sobreexplotación de los pozos en el estado de Chihuahua, con la intervención de la Comisión Nacional del Agua, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables.

También porque se resuelva el conflicto derivado de la instalación y puesta en marcha de la mina “El Cascabel”, con la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pueda determinar si hay conductas delictivas que perseguir y se sancione a los responsables, y en caso de que proceda se revoque la autorización a la empresa “Compañía Minera el Cascabel”.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), promovente del punto de acuerdo de urgente resolución, señaló que Ismael y Manuela tenían una larga trayectoria en movimientos sociales y estaban trabajando al momento en la lucha contra la sobreexplotación del agua en la zona de veda del ejido de Benito Juárez y en contra de la instalación de la mina “El Cascabel”, en el municipio de Buenaventura, en la misma comunidad.

Explicó que los hechos que Ismael y Manuela denunciaban estaban relacionados con una serie de conductas irregulares que afectaban a los productores agrícolas de Chihuahua; en específico la perforación de pozos profundos para sobreexplotar las reservas de agua ubicadas en el subsuelo y la cuenca hidrológica del río de El Carmen, que tiene una veda declarada desde los años cincuenta.

Igualmente, dijo, encabezaban un grupo de chihuahuenses contra la instalación de la mina “El Cascabel”, que trabaja de forma ilegal desde hace seis años en el municipio de Buenaventura y que es subsidiaria de la empresa canadiense “Mag Silver”, que tiene ya varias minas en el norte de México.

La situación que se vive en Chihuahua con el conflicto por la perforación de pozos profundos y la instalación de la mina “El Cascabel” es grave y ha cobrado vidas inocentes. “No podemos permitir que estas muertes queden impunes”.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) dijo que es inaceptable que las movilizaciones sociales que buscan defender intereses comunitarios legítimos sean confrontadas con la violencia y es reprobable que las autoridades hayan observado una actuación omisa, insensible, frente a los riesgos de estallido social que se pueden gestar en torno al problema del abasto y la conservación del agua.

Consideró que se debe exigir que las autoridades investiguen a fondo el crimen de los líderes barzonistas y se aplique la ley a los responsables. “Si no se castiga con todo el peso de la ley este crimen se estará enviando un mensaje de impunidad a los responsables y una condena de indefensión para los luchadores sociales”.

En su turno, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) indicó que los asesinados se destacaron por su defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

Exigió que al gobierno de Chihuahua una investigación rápida y profunda para dar con los autores materiales e intelectuales y castigar a los responsables.
Del Partido Movimiento Ciudadano, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal comentó que los acontecimientos en contra de activistas han sido una constante en el país y “no podemos permitir tan penosa y desagradable situación; no sólo se trata de activistas”.

Recalcó que su grupo parlamentario exige el esclarecimiento de los asesinatos en contra de activistas y periodistas que se han dado en todo el país y que se castigue con todo el peso de la ley a los culpables. “Comulgamos con la necesidad de culminar con la labor del movimiento y resolver los conflictos derivados de la sobreexplotación de los pozos y la instalación de la mina “El Cascabel”.
El diputado Rubén Acosta Montoya (PVEM) exigió que las autoridades competentes hagan justicia y se esclarezca el asesinato de Ignacio Solorio y Manuela Martha Solís. “Que su muerte no sea parte de la estadística”.

Pidió que las autoridades competentes revisen a fondo los posibles daños ecológicos que se están ocasionando actualmente, sus consecuencias futuras y determinar aquellos que pueden afectar, de manera grave, la vida productiva real de la zona.

Por el PRD, el diputado Roberto López Suárez demandó no dejar de lado en las investigaciones a la empresa canadiense “Mag Silver”, porque es una línea de investigación por la probable responsabilidad de los asesinatos de estos dirigentes sociales.

Solicitó atender el problema entre los ejidatarios y dirigentes barzonistas con los menonitas. “Si no se atiende, da pauta para que en adelante se puedan cometer más asesinatos, que la violencia impere en el estado y en ese territorio”.

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) señaló que el asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Manuela Martha Solís es una medida equivocada para acallar los conflictos sociales en el estado de Chihuahua. Mencionó que el líder social pidió protección al gobierno del estado y “no se le brindó”.

Lamentó esta gran pérdida y se sumó para que se esclarezcan los hechos en Chihuahua. “Ya es tiempo que el gobernador del estado asuma la responsabilidad que le toca”.

Por el PRI, el diputado Kamel Athie Flores dijo que el líder de El Barzón, y su esposa, “eran luchadores sociales entregados a las mejores causas de su ejido, Benito Juárez, y de la región del noroeste del estado de Chihuahua”.

Aclaró que las mejores causas que defendía Solorio se referían a la corrupción que priva en toda la zona noroeste del estado, promovida por la Comisión Nacional del Agua y por todos sus funcionarios. Se pronunció por investigar su actuación en toda la región del noroeste, que es donde hay quejas de menonitas y también de ejidatarios.

Posteriormente, el presidente en funciones de la Mesa Directiva, diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, informó que la Comisión de Trabajo y Previsión Social hace formal convocatoria para su sesión ordinaria de dictamen, el próximo lunes, a partir de las 12:00 horas.

Después, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre, a las 11:00 horas.

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