04-11-2012 Para evitar discriminación y exclusión laboral, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PRI) propuso exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a que se evite solicitar la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos establecidos por ley.

La secretaria de la Comisión de Justicia dijo que hay un aumento de las solicitudes de la carta de no antecedentes penales, después de la Credencial de Elector. Es uno de los documentos más requeridos en el mercado laboral, mercantil y de esparcimiento, dijo.

Este documento es considerado discriminatorio y violatorio de los derechos humanos, para las personas que han purgado una sentencia o han sido procesados, pues les complica su reinserción al mercado laboral formal y la realización de trámites”.

Corona Nakamura destacó que de acuerdo con el estudio “El gasto en seguridad”, de la Organización México Evalúa, en 2009, sólo 1.1 por ciento de los reos liberados obtuvo un empleo, por abajo del 2.2 por ciento de 2005.

Afirmó que “ante estas circunstancias, el sistema penal está fallando, pues no da a las personas la oportunidad de convertirse en las que el Estado desea que sean”.

“Resulta ilógico que en la mayoría de los empleos les pidan a las personas demostrar que no han sido sentenciadas por delitos, cuando ya cumplieron con su la sanción penal”, agregó.

La diputada precisó que pese a ser un documento muy requerido en la mayoría de las entidades, “no existe alguna ley que norme o regule su uso, lo cual propicia el abuso hasta para los trámites más comunes”.

Detalló que salvo en algunas excepciones que la ley contemple, sería indispensable no contar con antecedentes penales; en cualquier otro caso no se justifica dicho requisito.

María del Rocío Corona refirió que algunos investigadores, consideran que este requisito da el mensaje de: “no eres digno de confianza, porque alguna vez cometiste un delito”.

Agregó que esta doble penalización no regulada por alguna ley o autoridad en las entidades federativas, conlleva al riesgo de que los ex reos vuelvan a delinquir o agranden las filas de la economía informal.

Ante esa situación, enfatizó que se debe replantear la expedición y solicitud de este documento, por lo que propuso solicitar a la STPS promover que la solicitud de la carta de no antecedentes penales, salvo en los casos y con las excepciones establecidos en la ley, “no se utilice como una forma de discriminación y exclusión en el ámbito laboral”.

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