El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Javier Salinas Narváez (PRD) se pronunció por garantizar la universalización de la seguridad social en México, a efecto de que todos los ciudadanos cuenten con este derecho fundamental.

“Es necesario integrar a los ciudadanos para que se beneficie de este derecho, ya que ellos son quienes financian la seguridad social del país y el Estado sólo dispone de los recursos fiscales para brindar este derecho”.

En tanto, el diputado Víctor Rafael González Manríquez (PAN) precisó que más del 60 por ciento de la población económicamente activa y 70 por ciento de las empresas son informales; “la informalidad frena la productividad, contrae la base tributaria y reduce el crecimiento del PIB”.

Manifestó que México carece de una política social moderna y eficaz que proteja contra riesgos básicos, como el desempleo, la pobreza en la vejez, invalidez o la muerte.

Se requiere un sistema de seguridad social que otorgue un piso de protección social básico y gratuito a todos los mexicanos, “Hay trabajos precarios porque hay empresas precarias y la calidad de los empleos dependen de la calidad de las empresas”.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) expresó que los diputados tienen que hacer una revisión profunda del sistema de seguridad social, a efecto de analizar la situación del sistema de pensiones, cuyos pasivos amenazan con desbordar la capacidad fiscal del Estado.

Dijo que se requieren políticas adecuadas que permitan que el acceso a la salud sea universal y, sobre todo, con un servicio digno y de calidad, así como el seguro de desempleo. “México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuenta con ese mecanismo de protección contra la pérdida involuntaria de la fuente de trabajo”.

Ante la transformación económica que repercute en los sistemas políticos y en las relaciones sociales, este tema plantea uno de los desafíos más importantes para México. “Cuando hablemos de seguridad social debemos tener referentes comunes, pues eso facilitará el análisis, la discusión y los acuerdos”.

En tanto, el director general del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas (CEFP), Edgar Díaz Garcilazo, precisó que el costo de tener una seguridad social universal sería equivalente al 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Propuso que los estados informen a cuánto asciende su déficit de pensiones, ya que no hay una cifra oficial, así como en las universidades. “Se calcula que el déficit de universidades es del 2 por ciento del PIB y el de las entidades federativas es del 13 por ciento”.

“Pemex, de acuerdo a cálculos del 2010, tiene un déficit pensionario del 4.8 por ciento del PIB; en la CFE es del 2 por ciento; el IMSS está alrededor del 18 por ciento; las presiones de gasto por ese lado son importantes”, indicó.

En su oportunidad, el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, César Becker Cuéllar, señaló que se requiere de una reforma constitucional que establezca los controles y la obligación para garantizar que los recursos que se destinen a la seguridad social no se mezclen con el resto de la masa económica que maneja el Estado.

“Es necesario crear una medida que permita el manejo escrupuloso de los recursos, manteniendo vigilada su inversión para que se destinen adecuadamente a los sistemas de seguridad social”.
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