25-11-2012 Ante el problema que representa la sobrepoblación en el sistema penitenciario, la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (PAN) impulsa una iniciativa para que a los reclusos analfabetos se les proporcione información verbal sobre sus derechos, deberes y beneficios; en caso de presentar discapacidad visual o auditiva, se les daría la ayuda técnica necesaria.

A través de una iniciativa que reforma la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, precisó que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hay actualmente 172 mil espacios penitenciarios y 238 mil 269 internos, lo que sitúa los niveles de sobrecupo en casi 37 por ciento.

Esta crisis de sobrepoblación del sistema penitenciario genera, además del menoscabo a los derechos de los internos, un detrimento en la aplicación de los reglamentos de cada centro, argumentó Ricalde Magaña.

Destacó tres factores que determinan el problema de la sobrepoblación: el uso y abuso de la prisión como medida casi exclusiva de la sanción penal; el rezago judicial como una de las características que afecta de forma inminente la situación jurídica de los reclusos, y la incapacidad técnica y profesional de quienes dirigen y operan el sistema penitenciario.

Es por ello que se hace necesario plasmar en la ley reglamentaria el debido respeto con carácter de equitativo y no discriminatorio; no es una dádiva, es una obligación y un derecho plasmado en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales, agregó.

“El beneficio se extenderá a un alto porcentaje de personas internas en los centros penitenciarios, que por su condición difícilmente pueden acceder a la información justa y necesaria para hacer valer sus derechos”, subrayó.

“No podemos permitir que la ignorancia sea un factor por el cual las personas que cumplen con los requisitos de ley, continúen o sean privadas de su libertad”, aseveró Ricalde Magaña.
Manifestó que los reos que son objeto de derechos penitenciarios tienen más oportunidad de reformarse y reintegrarse a la sociedad. “Ni el Estado tiene el derecho de excluir, ni el reo pierde su derecho a ser considerado un ser humano”, concluyó.

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