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Boletín N°. 0518 Rechazan grupos parlamentarios uso de violencia como medio de expresión

04-12-2012.- Al abordar la agenda política, los grupos parlamentarios manifestaron su rechazo a la violencia tras los disturbios ocurridos el 1º de diciembre en la Ciudad de México, por lo que demandaron una investigación a fondo y exigieron la aplicación de la ley a quienes la provocaron.

Arnoldo Ochoa González, del PRI, se manifestó por un enérgico rechazo a los actos de violencia “y vandalismo” como mecanismo de imposición de la voluntad de los menos sobre los más, ya que corresponde, dijo, a un modo de relación no civil ni civilizado.

Estos hechos delictivos, abundó, deben ser castigados en el marco estricto de la ley, toda vez que hubo conductas que nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación que consagra nuestra Constitución.

“Llamamos a todas las fuerzas políticas a unirnos a ese rechazo a la violencia y a privilegiar la política para que este Congreso asuma el papel determinante que le corresponde junto con los otros dos Poderes de la Unión, en la recuperación de la paz y la tranquilidad que la sociedad reclama. Las bombas molotov no construyen democracia ni la sociedad moderna a la que aspiramos todos quienes queremos preservar el Estado de derecho”, dijo.

Juan Jesús Aquino Calvo, del PAN, destacó que en los últimos 12 años, México ha consolidado su vida democrática gracias a que sus gobiernos asumieron el respeto absoluto a la libertad de expresión, manifestación, prensa; sin embargo, afirmó, existen actores que no tienen esa vocación democrática y civil y que aprovechan las libertades para trastocar la convivencia y sembrar el virus de la confusión.

Abundó que constituye una amenaza para la vigencia del Estado de derecho y la democracia, “pretender quebrantar o mandar al diablo a las instituciones por quienes, so pretexto de manifestar inconformidades”, lastiman a terceros sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables.

Resaltó que el pasado 1° de diciembre hubo una “turba, sin el más mínimo afán de expresarse pacíficamente”, la cual ocasionó daños al patrimonio de la Ciudad de México que oscilan, según los cálculos, entre 950 millones y mil 700 millones de pesos. Lo que se lamenta es que entre las consignaciones y detenciones hay jóvenes y menores de edad.

Roberto López Suárez, del PRD, repudió los actos violentos cometidos, dijo, por individuos no identificados, “infiltrados” en una protesta pacífica. De igual forma, el legislador exigió una investigación pronta y exhaustiva por el uso de la fuerza pública, a la que calificó de excesiva, contra los manifestantes, así como por la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos.

También exigió investigar la participación y relación de algunos grupos vestidos de civil, con el rostro cubierto y los guantes blancos en la mano derecha, “que ahora se transformaron en negros porque es la nueva versión de los Halcones”.

Manifestó su extrañeza y preocupación por la forma en la que, dijo, se quiere criminalizar las manifestaciones públicas; por la forma en la que se trata hoy a los detenidos. “El primero de diciembre es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar en esta ciudad”.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM, señaló que “los actos vandálicos” perpetrados el sábado pasado, tanto en las proximidades de este recinto legislativo como en el centro de la Ciudad de México, no constituyen un reclamo legítimo del pueblo ni tampoco es la voz ni el sufrimiento de la mayoría.

Agregó que la percepción de los que ven en el esfuerzo de México un “Estado putrefacto” constituye una visión distorsionada de la realidad. “Una postura que más bien se ajusta a una agenda de intereses personales. Un anarquismo premeditado, cuyo fin perverso consiste en volverse profetas de una desgracia por ellos mismos construida”.

Aseguró que México no quiere seguir el camino de la violencia, la cerrazón y la agresión. Por ello, condenó los acontecimientos y demandó una investigación a fondo para identificar y procesar a los responsables.

La diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, consideró que los acontecimientos del 1° de diciembre pasado son desafortunados y que hay desconcierto y sorpresa al confirmar que “nuestras propias creaciones, el dinero y el poder”, más que servir al desarrollo de la sociedad, sirven sólo para que la codicia y el egoísmo desencadenen batallas cruentas.

“Estamos sorprendidos por los acontecimientos. Nos sorprende que la fórmula siga funcionando a quien lucra con dividir al país a través de infiltrados, cadenas y gas lacrimógeno. No permitiremos que impunemente aprisionen a quien su único delito fue sucumbir ante unas fuerzas armadas que desproporcionadamente los agredían y perseguían”, dijo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, destacó que la democracia institucional y las estructuras de gobierno deben estar preparadas y ser sensibles no sólo para tolerar la disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vía de cambio social e integración de políticas públicas.

Es necesario, agregó, conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad, no sólo de los jóvenes que participaron en los actos del 1° de diciembre, sino de los resultados de la coordinación de las fuerzas de seguridad pública federal y del Distrito Federal, de sus estrategias de disuasión y contención. “Esta Cámara de Diputados está obligada a esclarecer los hechos de violencia”.

La diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, rechazó cualquier manifestación de violencia, desde aquel acto vandálico, dijo, que destruye la propiedad privada y atenta contra la integridad de las personas, hasta la violencia institucional, que por falta de capacidad recurre a la arbitrariedad y violación de los derechos humanos.

Añadió que cada uno es responsable de sus actos y quienes quebrantaron la ley deben asumir su responsabilidad, pero no podemos ignorar que estos acontecimientos son consecuencia de la virulencia de ciertos grupos radicales. “Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que la libre expresión y manifestación de las ideas sea pretexto para actuar fuera de la ley”.

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