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Boletín N°. 0545 Coinciden grupos parlamentarios en aprobar más presupuesto para favorecer a personas con discapacidad

06-12-2012.- Al conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza, se manifestaron por otorgar mayor presupuesto a este sector e impulsar reformas que les genere inclusión en la vida política, social, económica y cultural.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez (PRI) señaló que las personas con discapacidad constituyen un grupo social en situación de vulnerabilidad, cuyos derechos han sido violados o relegados a través de la historia, por lo que es preciso apoyarlos con firmeza y eficacia.

Puntualizó que la discapacidad en un problema sumamente complejo, por lo que la estrategia del Estado debe estar orientada a promover una sociedad preparada para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la inserción comunitaria.

El reto, afirmó, consiste en que hombres y mujeres con discapacidad participen en la sociedad en condiciones de igualdad. “Debemos trabajar unidos para lograr un México que ofrezca condiciones óptimas de bienestar social para las personas en esta situación de vulnerabilidad”, insistió.

Por Acción Nacional, el diputado Genaro Carreño Muro hizo votos para eliminar barreras y crear una sociedad incluyente y accesible a todos. “Una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad, éstas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica del país”, apuntó.

Convocó a sus homólogos a trabajar conjuntamente para avanzar y consolidar una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como una participación efectiva en la vida social, económica y política, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.

Recordó que en el sexenio pasado se tuvieron avances en esta materia, como los anexos para el seguimiento del gasto destinado a los Programas para la Atención de los Grupos Vulnerables; la creación del organismo encargado de las políticas públicas para las personas con discapacidad, y “en general en todas las áreas de la administración pública se ejercieron políticas con perspectiva de inclusión y desarrollo de este sector”.

A su vez, la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (PRD) recordó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca del 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En México, al 2010 eran 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad.

Por ello, agregó, se deben generar leyes que garanticen igualdad en sus derechos, infraestructura especializada para potencializar con plenitud sus capacidades y programas de empleo, de atención médica y de fomento al deporte.

El PRD, apuntó, ha sido, es y seguirá siendo un protagonista importante en la dignificación de las personas con discapacidad, e hizo un llamado al gobierno federal para velar por los derechos de este sector.

La diputada Mónica García de la Fuente (PVEM) argumentó que en México, alrededor de 5.7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, quienes continúan sin oportunidades reales de acceder al sistema educativo, empleo digno, cultura, deporte, salud o recreación.

Puntualizó que en el país no existen las condiciones de accesibilidad para el desplazamiento de las personas con discapacidad en las ciudades y comunidades. “Enfrentan la falta de medios de transporte adecuados, de acceso a instalaciones y recintos, a la discriminación y a la no garantía de sus derechos”.

Es fundamental, dijo, elaborar políticas sociales sin conductas paternalistas, que garanticen la igualdad de oportunidades en materia social, política, económica y cultural de todas las personas con discapacidad.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) indicó que las personas con discapacidad constituyen el 15 por ciento de la población mundial en nuestro país, pero el panorama se agudiza a consecuencia de la guerra contra la delincuencia organizada, que deja víctimas que han sufrido tortura, lesiones, mutilaciones y daños irreparables.

Destacó que se calcula que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de discapacidad; de este universo, más de la mitad tiene alguna dificultad para caminar y moverse; tres de cada diez para usar brazos y manos.

Ante esta problemática, resaltó, es urgente construir una agenda que contemple políticas que garanticen el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como un presupuesto digno para este sector.

Del PT, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal argumentó que en materia legislativa el reto es considerar como prioridad la perspectiva de la discapacidad, a través de una reforma fiscal integral que alivie las cargas impositivas sobre su trabajo, sus implementos ortopédicos y servicios médicos.

Es necesario, dijo, una reforma electoral que les permita acceder a los espacios de poder y brindarles garantías para ejercer con plenitud sus derechos políticos y sociales.

Convocó al titular del Ejecutivo federal a enriquecer la agenda y ascender a prioridad nacional la inclusión de las personas con discapacidad, así como impulsar acuerdos para erradicar la discriminación, la exclusión y la marginación en la que a diario vive este sector.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) expresó que en México se tienen enormes retos en la materia. “No es posible que en pleno siglo XXI las personas con discapacidad vivan bajo el yugo de la exclusión del desarrollo nacional”.

Detalló que a pesar de que el Estado ha mostrado ciertos avances en la atención de este sector, aún dista de lograr una plena inclusión, por ello, las políticas y programas deben apartarse de visiones asistencialistas para incorporar enfoques que permitan el desarrollo personal y profesional de las personas en esta condición.

El primer paso, precisó, es destinar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación mayores recursos para cumplir las demandas de este grupo; que niñas, niños y adolescentes no tengan impedimento de asistir a escuelas públicas, y que la discapacidad no sea limitante para ingresar al mercado laboral.

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