El pleno de la Cámara de Diputados conoció el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de castigar a quien la practique con cárcel de 7 a 16 años y multas de 500 a mil días multa e inhabilitación permanente para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública.

La reforma, que será sometida a votación la próxima sesión, establece que se entenderá por tortura todo acto realizado para infligir penas o sufrimientos físicos o mentales a una persona con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o cualquier otro fin.

La aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir la capacidad física o mental de una persona, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, también será catalogada como tortura. Estos delitos se investigarán y perseguirán de oficio.

El dictamen propone incluir en su objeto la erradicación de esta práctica y cambiar el nombre del ordenamiento para denominarse “Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura”.

Por otra parte, se conoció el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma y adiciona los artículos 25 y 26 de la Carta Magna para dar al gobierno herramientas que conformen una política del desarrollo, obligándolo a mejorar las condiciones de sustentabilidad.

Se define competitividad como las condiciones para generar más crecimiento económico, promover la inversión y la generación de empleo; establece que el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.

De la Comisión de Relaciones Exteriores se conoció el dictamen que expide la Ley Reglamentaria de las fracciones II, del Artículo 76, y VII del Artículo 78 Constitucionales, en lo relativo a la Ratificación de Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales.

El nuevo ordenamiento subsanaría un vacío jurídico y proporcionaría un marco normativo adecuado al Poder Legislativo para aprobar los nombramientos de la representación del Estado mexicano en el exterior.

Comunicaciones

Se recibió comunicación de la Secretaría de Gobernación con la que remite contestación al punto de acuerdo relativo a la comercialización del frijol en el periodo agrícola primavera-verano de 2012, y se informa que teniendo en cuenta el volumen por cosechar, no se enfrentarán problemas de comercialización, por lo que no se justifica otorgar apoyos al proceso comercial de frijol en dicho ciclo.

Menciona que las importaciones de frijol alcanzaron 213 mil 933 toneladas al 31 de octubre, y presentan una tendencia a la baja por razones de precio, además, el precio del frijol al mayoreo en centrales de abasto se encuentra por arriba de 12 pesos por kilo y se advierte que los productores de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas enfrentarán un escenario alcista de precios, que les permitirá obtener una rentabilidad aceptable en su actividad.

Mediante otra comunicación de la Secretaría de Gobernación se da contestación al punto de acuerdo sobre el abastecimiento de recursos materiales y humanos en los centros de salud de Isla de Cedros, Baja California.

Señala que por el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1996, los servicios de salud de salud fueron transferidos a las entidades federativas, por lo que la Secretaría de Salud federal no tiene competencia en los servicios que prestan los centros de salud en la Isla Los Cedros, por lo que sugiere dirigir el exhorto de la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud de Baja California.

Se dio a conocer que la Secretaría de Desarrollo Social remitió información del Ramo Administrativo 20, “Desarrollo Social”, referentes los criterios generales de programas específicos sujetos a reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, sobre el cálculo mediante el que se determinaron los beneficiarios. Se remitió a las Comisiones de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 13 de diciembre a las 11:00 horas.

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