• Aprueban diputados reformas a la Administración Pública y pasan al Ejecutivo

13-12-2012.- La Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones, la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que devolvió el Senado de la República con 16 modificaciones y que fueron ratificadas en sus términos por el Pleno Camaral.

Con 228 votos en pro, 38 en contra y 195 abstenciones, también se avaló, en términos de la minuta, la fracción XVI y último párrafo del artículo 27, cuyo fin es que el comisionado Nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nombrados por el Ejecutivo federal, sean ratificados por el Senado.

Entre las reformas que se remitieron al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se encuentra cambiar el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, y que el secretario de Gobernación comparezca cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal.

También deberá informar al Poder Legislativo sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de su comparecencia cada seis meses ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Otra reforma a la fracción XIX del artículo 27, establece que en el caso de que el Secretario de Gobernación auxilie a la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

De igual modo, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y transfiere sus atribuciones a la de Gobernación.

También elimina a la Secretaría de la Función Pública del entramado institucional y distribuye sus facultades en distintas dependencias. Esta decisión entrará en vigor en cuanto el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones.

Se reorganizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que pueda diseñar programas y estrategias que contribuyan a eliminar la pobreza en el país.

De igual modo, crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la Reforma Agraria, y se consolida a la Oficina de la Presidencia de la República como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente a las tareas políticas públicas del Ejecutivo federal.

Posicionamientos

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza (PRI) dijo que si bien se apoya la minuta, “el artículo 27 en su fracción XVI y en su último párrafo otorgan atribuciones a este Poder Legislativo que no compartimos y que son competencia exclusiva del Ejecutivo, hasta en tanto no lo establezca la propia Constitución”.

Mencionó que se promoverá una acción de inconstitucionalidad de dicha reforma una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación. “La primera obligación que tenemos como legisladores es defender la Constitución y en ella no vamos a dar un solo paso atrás”, afirmó.

La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (PAN) resaltó que las modificaciones que hizo el Senado para la ratificación de los funcionarios de seguridad pública, garantiza los contrapesos, pues “esta Cámara debe velar por los principios básicos de preservación del orden en los Poderes de la Unión, entre ellos el Ejecutivo”.

Hizo votos para que la Secretaría de la Función Pública conserve sus funciones; “no nos oponemos a su desaparición, sino pugnamos por preservar sus funciones”, aclaró.

Del PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero manifestó que las 16 modificaciones del Senado son pertinentes, relevantes y socialmente correctas, ya que representan un freno a una propuesta desmedida de concentración de poder en unas cuantas secretarías.

Argumentó que dentro de las modificaciones destaca la ratificación de los nombramientos de los encargados de la seguridad pública y el llamarlos a comparecer de manera semestral. “Votaremos en conciencia y en mayoría, porque creemos en el equilibrio de poderes, en la rendición de cuentas y en la transparencia”.

El legislador Felipe Arturo Camarena García (PVEM) indicó que por el ámbito de operatividad, planeación y eficacia, las reformas son torales para el Estado, para México, para la Administración Pública, y en específico, para las funciones de gobierno, seguridad, orden público, supervisión de funcionarios y régimen de contrataciones.

“México necesita crecer a través de una administración que provea seguridad, eficiencia a todos los mexicanos en un clima de respeto al derecho y a la seguridad pública. Para todo ello, la Ley Orgánica es pieza medular”, agregó.

A su vez, Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) expresó que estas modificaciones no deben “pasar de noche”, porque “se está incurriendo en una grave deficiencia jurídica constitucional, toda vez que se propone que el Senado ratifique a los funcionarios de seguridad pública y no se modifica la Constitución”.

Dijo: “Es grave lo que está pasando. No puede aprobarse una ley que establezca la ratificación de funcionarios públicos sin que se haya modificado la Constitución, si se aprueba puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad”.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) mencionó que el haber establecido las comparecencias de los responsables de seguridad pública cada seis meses, disminuye las atribuciones del Congreso de la Unión para revisar la actuación de los secretarios de despacho.

Precisó que si bien la modificación a la fracción XII del artículo 27 cambia el concepto de seguridad interior por el de seguridad pública, ello no modifica el nuevo perfil del responsable de la política interior. “Las reformas que se están planteando y los matices, seguramente serán sujetas a alguna acción de inconstitucionalidad”.

Discusión en lo general y particular

Por Movimiento Ciudadano, los diputados Juan Luis Martínez Martínez y Francisco Alfonso Durazo Montaño rechazaron las modificaciones que establecen la ratificación de los funcionarios de seguridad por el Senado.

A su vez, los legisladores del PRD, Amalia García Medina, Fernando Belaunzarán Méndez y Marcos Rosendo Medina Filigrana se congratularon con las reformas, ya que en democracia se requiere contrapesos y equilibrios.

Belaunzarán Méndez dijo: “El hecho de que dos personajes claves del combate a la delincuencia sean o tengan que ser ratificados por el Poder Legislativo, es un avance democrático. Ayuda a que haya confianza”.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) subrayó que es gratificante que en el sistema mexicano se tenga un Poder Legislativo bicamaral, porque “cuando se aprobaron aquí las modificaciones a esta Ley, hubo omisiones y descuidos”.

Tomás Torres Mercado (PVEM) resaltó que su grupo hizo lo que políticamente estimó pertinente con la finalidad de que la minuta se convierta en ley y “no la matemos en el proceso legislativo, y que se le dé viabilidad a un compromiso político del titular del Ejecutivo federal”.

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