• Las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución se enviarán a los Congresos estatales para ratificación

La Cámara de Diputados aprobó con 432 votos a favor y 6 abstenciones, ninguno en contra, el dictamen de la minuta que reforma los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad económica.

El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentó que el propósito de la reforma es incluir el término competitividad en la Constitución y establecer que deberá ser parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Con ello, agregó, se busca generar un mayor crecimiento económico promoviendo la inversión y la creación de fuentes de empleo.

El legislador destacó que en materia económica, nuestro país ha sufrido severas crisis, las cuales han contribuido al estancamiento del desarrollo y al empobrecimiento de los mexicanos.

Mencionó que desde hace 29 años no se han modificado los principios constitucionales rectores de la economía, no obstante a que el mundo se ha ido transformando.

En este sentido, dijo que con esta reforma se obligaría a generar políticas públicas enfocadas a consolidar el crecimiento económico y a incentivar un mayor desempeño de los entes que participan en ello.

“Con la competitividad se alcanzarían dos objetivos: ofrecer bienes y servicios de calidad en los mercados internacionales y nacionales, así como atraer las inversiones extranjeras a nuestra planta productiva. Esto con el fin de elevar el poder adquisitivo y el nivel de vida de los mexicanos”, concluyó.

PRI

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Eloy Cantú Segovia indicó que un concepto de competitividad es la capacidad de un país para atraer o retener las inversiones como detonadoras del crecimiento.

Destacó que de acuerdo con fuentes de información, México entró en un proceso de desindustrialización y esta reforma se convierte en un punto de arranque para construir un nuevo andamiaje jurídico que favorezca el crecimiento y la generación de empleos.

De igual forma, dijo, se hace urgente una ley reglamentaria para impulsar el desarrollo industrial competitivo por región y por sector.

PAN

Jorge Francisco Sotomayor Chávez mencionó que elevar a rango constitucional el concepto de competitividad significa que se darán directrices para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y las microempresas (Pymes y Mipymes), así como el establecimiento de políticas públicas responsables, que fomenten la inversión nacional y extranjera.

“Poco más del uno por ciento de las empresas en México son grandes. Esto quiere decir que el 99 por ciento de la inversión es privada y pertenece a las pequeñas y microempresas”, subrayó.

Abundó que este tipo de empresas emplean al 70 por ciento de la fuerza laboral y generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con esta reforma avanzamos a un mejor desarrollo del bienestar de los mexicanos.

PRD

El diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro manifestó que México debe transitar a la modernidad y apostar a lograr mayor desarrollo, diversificar su comercio internacional y proyectarse como una potencia emergente, con el impulso de su mercado interno, lo que implica la inversión decidida en la capacitación de sus recursos humanos, en ciencia y tecnología y el impulso a la educación media superior y superior.

Agregó que la reforma a los artículos 25 y 26 constituye un principio que requiere el país para alcanzar el desarrollo económico, a través de políticas sustentadas en la competitividad; entendida ésta como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y fomentando el bienestar social a través de la generación de empleos.

PVEM

El diputado Antonio Cuéllar Steffan consideró que hablar de competitividad implica modernidad y nuestro país no es ajeno a los procesos económicos globales, por lo que hay la necesidad de contar con factores internos que le permitan un desarrollo similar al de aquellos países con los que compite económicamente.

La reforma a los artículos 25 y 26, prosiguió, es un proceso de actualización de nuestro marco constitucional que dará congruencia al papel que debe jugar el Estado en la conducción del desarrollo y el destino de México.

Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja opinó que la modificación es adecuada porque establece como un principio constitucional la competitividad, a fin de hacer de la economía un factor de crecimiento, “una economía que permita que haya satisfactores para la población”.

Consideró que al insertarse el término “competitividad” en la Constitución Política, permitirá también fortalecer el modelo de desarrollo nacionalista. “Para que después no haya sorpresas con reformas constitucionales que busquen la privatización de Petróleos Mexicanos”, dijo.

PT

Ricardo Cantú Garza indicó que la competitividad económica es reflejo directo de la calidad o fracaso de nuestro sistema educativo, por lo que se pronunció a fortalecer financieramente a todas las universidades públicas del país, así como a los niveles de educación media superior, básica e inicial.

“Pretendemos que el sistema educativo nacional pueda formar personas que cuenten con la capacidad de transformar su realidad y la del país”, señaló.

El presidente en turno de la Mesa Directiva, diputado José González Morfín (PAN) giró instrucciones para que la minuta que reforma los párrafos primero y último del artículo 25; primero y tercero del Apartado A, del artículo 26, ambos de la Constitución Política fuera turnada a las Legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

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