• Están expuestos a la trata de personas, advierte

17-12-2012.- Es indispensable integrar una base de datos confiable de niñas, niños y adolescentes repatriados para salvaguardar sus derechos y protegerlos del riesgo de explotación, señaló la diputada Flor Ayala Robles Linares (PRI).

Refirió que en 2011, las autoridades estadounidenses entregaron a México 14 mil 237 niños y adolescentes migrantes, de diversas nacionalidades, que viajaban solos y que fueron interceptados en la frontera con Estados Unidos. De los menores devueltos, 11 mil 520 fueron de nacionalidad mexicana.

“El proceso de repatriación se reduce a la frialdad de un trámite burocrático que no atiende el interés superior de la infancia, lo que evidencia la carencia de políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación”, agregó.

Por ello, presentará un punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), integren conjuntamente una base de datos de los menores sin compañía que son repatriados de Estados Unidos.

Mencionó que de acuerdo con el Observatorio de Trata de Personas, México se ubica en el segundo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito.

Datos de la Procuraduría General de la República revelan que en 18 entidades se concentra el 90 por ciento del tráfico de personas. Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, son los más afectados.

Además, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reporta que la violencia intrafamiliar se presenta en uno de cada tres hogares mexicanos, lo que propicia que alrededor de 20 mil niños y adolescentes huyan del seno familiar, haciéndolos presa fácil de la explotación sexual.

Robles Linares indicó que México requiere de políticas y leyes que salvaguarden los derechos de los menores y de los adolescentes migrantes sin compañía.

“El país demanda la implementación y homologación de protocolos que comprometan a las dependencias mexicanas, responsables de recibir a los menores repatriados, a asumir una custodia con mayor sentido humano y a uniformar la normatividad de los albergues que regulan la atención y la protección”, afirmó.

Mencionó que la aplicación de las políticas públicas que promueven el bienestar y la protección de los menores no deben variar de una entidad a otra o de un municipio a otro y, mucho menos, estar sujetas al criterio de los servidores públicos responsables.

Por ello, precisó que es necesario que las dependencias involucradas en la atención de los menores que intentan cruzar la frontera norte del país sin la compañía de un adulto, desarrollen y compartan una base de datos integral.

Esta base deberá incluir información biométrica, el objetivo del traslado, la situación de la detención, cualquier tipo de abuso de los agentes fronterizos de ambos países, origen, las ciudades y las rutas de acceso, los lugares en donde ha sido detenido y repatriado el menor y el historial familiar.

“Estamos obligados a poner en manos de las instituciones mexicanas todos los instrumentos a su alcance –nacionales e internacionales– para hacer frente al flagelo del tráfico de menores”, aseveró la legisladora.

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