• Se refiere a los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó exhortar al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de agosto de 2010, sobre los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

El documento, enviado por la Comisión de Derechos Humanos, señala que los pueblos indígenas frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Caso específico es el de Valentina Rosenda Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas del estado de Guerrero sobre el que la CIDH responsabilizó al Estado mexicano de diversas violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En esta sentencia, la CIDH encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño, así como de incumplir la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia.
“A la fecha, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas no ha consignado los expedientes ante la justicia federal, pese a que hay elementos de prueba suficientes para ello; la impunidad militar aún persiste”, señaló la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

La diputada María Esther Garza Moreno, del PRI, dijo que la situación de acceso a la Justicia de los pueblos indígenas es crítica, ya que son sectores de gran vulnerabilidad, por lo que, aseguró, frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

“La sentencia al Estado mexicano ordenó una serie de medidas para hacer justicia por estos lamentables eventos; es obligatoria en virtud del reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana en nuestro país”.

Por su parte, el diputado Marino Miranda Salgado (PRD), lamentó que la discriminación y la pobreza se traduzcan en una violación sistemática a los derechos humanos más básicos, lo cual, subrayó, se acentúa con la presencia castrense en comunidades indígenas.

“Han sido doblemente victimadas por la negligencia y discriminación que vivieron. A más de dos años de notificar la sentencia al Estado mexicano, las medidas de reparación no han sido cumplidas”, advirtió.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, añadió que como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado aumentaron las violaciones a los derechos humanos.

“En dichos fallos la Corte determinó que, en diferentes circunstancias, ambas mujeres fueron violadas y torturadas por elementos del Ejército, en un contexto de violencia interinstitucional”, concluyó.

-- ooOoo --