18-12-2012.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada Adriana Hernández Iñiguez (PRI) aprobó un dictamen con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y gobernadores, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, promuevan y privilegien la dignificación del adulto mayor.

El punto de acuerdo presentado por la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PRI) precisa que en México 7 millones de adultos mayores están en condición de pobreza, un millón en situación de marginación extrema y poco más de millón y medio presentan alguna discapacidad que los excluye todavía más.

El documento señala que el 80 por ciento ha sufrido alguna manifestación de violencia en cualquiera de sus formas; 60 por ciento de las agresiones provienen de sus familiares, principalmente de hijos o nietos, aunado a que el 90 por ciento sufren discriminación.

Considera que el 12 por ciento de este sector viven solos y el 70 por ciento tiene prevalencia de diabetes, lo que implica ingresos hospitalarios y atención médica especializada.

Subraya que los adultos mayores mantienen rezagos en materia de atención, procuración, integración en distintos ámbitos, e incluso en procesos de dignificación en sus condiciones de vida y reconocimiento a sus capacidades.

Además, los servicios de salud no garantizan la atención integral que necesitan y el Estado, en sus tres niveles de gobierno, no les otorga espacios o estancias establecidas exclusivamente para su atención.
Para el año 2030 se pronostica que habrá más adultos mayores que menores de 15 años; para 2050 habrá más del doble de la cantidad de mayores de 60 años que hoy, es decir, 30 por ciento del total de nuestra población estará en este sector poblacional.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 3 millones de ellos están dentro de la población económicamente activa, pero 2 millones trabajan en el sector informal, sin sueldo fijo, sin seguro ni prestaciones, y sólo uno de cada cinco recibe pensión.

Agrega que a los adultos mayores, sin importar su condición o clase social, se les niegan derechos básicos establecidos internacionalmente como: ser tratado con dignidad y respeto, participar en la toma de decisiones concernientes a su bienestar, desarrollo y futuro.

Por el contrario, son sometidos, sufren o experimentan situaciones graves de segregación y rechazo del núcleo familiar, despojo de sus bienes patrimoniales, intimidación y amenaza física, psicológica y emocional, pobreza, exclusión y aislamiento social, discriminación general, violencia en todas sus expresiones, explotación y abuso en todas sus formas.

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