19-12-2012.- El Pleno Camaral aprobó una minuta que amplía diez meses el plazo para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública a nivel federal, local y municipal obtengan la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, o de lo contrario sean separados del servicio.

La reforma aprobada con 427 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones modifica el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que el plazo para dicha certificación vence el próximo 3 de enero de 2013.

El documento remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, se le dispensaron todos los trámites para su discusión, precisa que la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo de diez meses.

Además, establece que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de la entrada en vigor del Decreto.

En la minuta, se refiere que el artículo Tercero Transitorio precisa que de manera progresiva y en un plazo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del decreto -2 de enero 2009-, las instituciones de seguridad pública deberían practicar las evaluaciones a sus integrantes, pero el plazo está por vencer y sería difícil alcanzar la meta de evaluación.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) expresó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció como meta regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para ello, recordó, se fijó un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto, para que las instituciones de seguridad pública tanto en la Federación, en los estados y municipios, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza debieran practicar las evaluaciones respectivas a todos sus integrantes.

Argumentó que el 3 de enero de 2013 se cumple el plazo de estos cuatro años que prevé dicho artículo Tercero Transitorio, “es decir en tan sólo dos semanas más”.

Indicó que al 31 de octubre de 2012, de una plantilla activa de 71 mil elementos en el ámbito federal, en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República se cumplió al cien por ciento con esta obligación de evaluación, pero “es necesario recalcar que el 60 por ciento de las entidades federativas no han cumplido con lo establecido en la ley”.

Por ello, destacó, se reforma este artículo para ampliar a diez meses ese plazo, y no caer en un caos, en los estados y municipios porque los que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza, o los que las hayan reprobado, tendrían que ser separados, a partir del 3 de enero.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán (PRI) celebró que se otorgue un plazo de diez meses de ampliación, pues la mayoría de los estados no lograron la certificación por falta de personal adecuado para la valoración y los exámenes. “Esta medida permitirá tener el registro de todos los elementos que hayan pertenecido a los cuerpos de seguridad”, indicó.

Por el PAN, la diputada Consuelo Argüelles Loya (PAN) expresó que es fundamental otorgarle a los municipios y gobiernos estatales una prórroga de diez meses para emprender esta certificación, ya que ni el 50 por ciento de los gobernadores han cumplido con esta acción.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) señaló que se debe ser cuidadoso y tomar decisiones firmes en este plazo. “Atendamos el asunto de la certificación y evaluación de nuestros policías y el tema de la Policía Estatal, de la Preventiva, porque ahí en gran medida tenemos serios problemas”.

A su vez, el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) indicó que en la mayoría de los casos, si bien la evaluación está al 50 por ciento, hay un caso en el cual no se ha llegado al 15 por ciento de la evaluación. Por ello, es importante aplazarlo por diez meses más, ya que todos los integrantes de corporaciones policiacas no evaluados automáticamente estarían fuera y serían cesados.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Ricardo Monreal Ávila resaltó que por irregularidades en su desempeño, actos de corrupción y principalmente no haber acreditado los exámenes de control y confianza, más de 30 mil policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los últimos años; es decir, casi 500 elementos han sido separados cada mes.

Refirió que de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, los municipios y los estados han despedido a más de 22 mil 550 elementos. Esta cifra equivale a casi el 15 por ciento de los 166 mil 992 oficiales que conforman las fuerzas policiales de las 32 entidades federativas.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) planteó que los gobernadores cumplan con la ley, pues tuvieron cuatro años para realizar la certificación y “ningún estado ha cumplido cabalmente con esa meta; es preocupante que no haya transparencia en los nombres de quienes aprobaron y los que no”.

-- ooOoo --