La Comisión de Desarrollo Social, que preside el diputado Fernando Charleston Hernández (PRI), aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, a fin de regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales.

De tal forma que a través de las reglas de operación, la capacitación y el apoyo técnico se fomente la productividad de los beneficiarios de manera colectiva.

Establece que la Política Nacional de Desarrollo Social brinde la capacitación y apoyo técnico, para promover el incremento de la productividad de los beneficiarios de los programas sociales, a través de incentivos que impulsen su desarrollo integral y ayuden a superar las situaciones económicas y socialmente adversas.

“Es necesario ahondar en que es de gran importancia que los programas sociales impulsen la productividad y reflejen una mejora en la calidad de vida de los beneficiarios”.

El concepto de capacitación busca formar parte de los derechos para el desarrollo social, a efecto de adquirir nuevas habilidades que contribuyan al desarrollo de las capacidades y competencias de los beneficiarios.

El documento hace referencia a la obligación que tienen los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal, para dar a conocer los criterios de selección de los beneficiarios de los programas acorde a los lineamientos de las reglas de operación, a fin de aumentar la eficiencia y confiabilidad de sus programas operativos.

Precisa que la política social tiene por objetivo la creación de las condiciones necesarias para garantizar el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades. “Se considera prioritario que los mismos objetivos estén encaminados a fomentar y ayuden a superar las situaciones de pobreza”.

Puntualiza que se busca fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios a través del establecimiento de los deberes, logros y la capacitación dentro de la política de desarrollo social, a fin de que se pueda acceder a mejores situaciones laborales.

“Es imperioso enfocar las leyes al desarrollo de la capacitación y formación, como una prioridad de la asistencia social, para que los programas de transferencias se implementen como una política prioritaria que tenga como fin establecer condiciones a los beneficiarios, que mejore las conductas asociadas al desarrollo de sus capacidades”, agrega el documento.

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