El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 360 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones, las modificaciones realizadas por el Senado de la República a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política, a fin de elevar la calidad de la educación, y las envió a los Congresos de los estados para sus efectos constitucionales.

El Senado de la República modificó el artículo 3 para establecer que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

También hizo cambios a la fracción III de dicho artículo para que el Ejecutivo considere la opinión de los maestros y padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de nivel preescolar, primaria, secundaria y normal.

Precisó en dicha fracción que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Asimismo, que la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

La reforma crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y al cual corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Además, establece que el Ejecutivo federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto y que el Senado proceda a su asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD) señaló que la educación es la base del engranaje social y la herramienta con la que se alcanzan los valores más apreciables de una comunidad. Por ello el Estado debe proveer lo necesario para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad.

Precisó que con esta reforma se pretende alcanzar una calidad educativa basada en el logro académico de los educandos y fundada en el mejoramiento constante.

En este sentido, dijo, la colegisladora al adicionar un tercer párrafo al artículo 3 de la Constitución Política, estableció que el Estado garantizará no sólo la educación, como lo contempla en sus Cartas Magnas, Colombia, Chile, Cuba, España, entre otros países, sino además que sea de calidad.

Comentó que la Cámara revisora enriqueció el proyecto de decreto aportando el cómo lograr esa educación de calidad, al señalar los elementos que se requieren para el logro del aprendizaje y de los educandos, materiales, métodos educativos, organización escolar y la infraestructura educativa.

Asimismo, agregó, para obtener el máximo logro del aprendizaje de los educandos se requiere la idoneidad del servicio docente y de las funciones directivas.

Dijo que al crear un servicio profesional donde el ingreso, promoción, permanencia de los docentes y directivos esté basado en un concurso de oposición, eso es una educación de calidad.

Destacó que la existencia de un instituto encargado de evaluar el sistema educativo, dotado de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo presidente puede ser elegido por sus propios integrantes, eso, se refleja sin duda alguna en educación de calidad. Asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad, eso, también es educación de calidad.

El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) aclaró que su partido está a favor de la calidad educativa pero considera que la inclusión del vocablo “permanencia” vulnera lo establecido en la Constitución Política en cuanto a la protección de los trabajadores, que señala directamente al magisterio nacional, a quienes se les condiciona la permanencia en su labor en las aulas, lesionando sus derechos.

En su turno, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) consideró que esta reforma es regresiva porque está “abriendo la puerta al cobro de cuotas para los padres de familia en las escuelas”.

Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan precisó que es falso que vaya a haber en el futuro el cobro de cuotas para ingresar a las escuelas o para mantenerse en ellas. El artículo quinto transitorio, dijo, “no contiene sino la inclusión de los padres, de los alumnos y de los directivos en lo que va a venir a ser una autonomía de gestión de las escuelas”.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD) señaló esta reforma no atenta en contra de la gratuidad de la educación y su carácter público, “al contrario, está afianzando que sea el Estado quien conserve la rectoría de la educación”.

Aclaró que estas modificaciones son un primer paso, pero se debe impulsar de fondo una reforma educativa. “Tenemos que reconstruir esta nación para superar los grandes rezagos”.

Por el PAN, la diputada María Guadalupe Mondragón González recalcó que la reforma genera los instrumentos necesarios para fortalecer la calidad de la educación y garantizará que niños y jóvenes cuenten con los mejores maestros.

Además, que la evaluación del sistema educativo sea realizada por un organismo constitucionalmente autónomo, que no permita intromisión alguna de otro tipo de intereses ajenos a lo estrictamente educativo.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI) señaló que es una reforma educativa de gran calado, que ayudará a tener una mejor calidad en la educación y a garantizar la rectoría del Estado en materia educativa.

Comentó que esta reforma fue un ejercicio arduo cuyo común denominador “es que tenemos presente, cómo brindarle a nuestro país una mejora en la educación, cómo tener verdadera calidad en la educación y en la que nos involucremos todos”.
Al pronunciarse en contra, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (Movimiento Ciudadano) señaló que la ley por sí misma no va resolver el problema educativo, ya que sólo atiende el tema de evaluación y administración y que se debe atender en varios sentidos como administrativo, operativo y pedagógico.

Por su parte, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) indicó que la adición de párrafo en lo referente a las cuotas escolares sólo las institucionaliza.

Por el grupo parlamentario del PRD participó la diputada Gloria Bautista Cuevas, quien se manifestó en contra porque “despoja al magisterio de toda participación en las decisiones educativas”.

El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) reiteró su voto a favor del dictamen, ya que consideró que el trabajo de ambas Cámaras aportará al país acciones para mejorar la educación.

El diputado Javier Orihuela García (PRD) pidió dejar en sus términos al artículo tercero de la constitución y abrir un debate nacional para escuchar todas las voces del sector educativo.

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