10-04-2013.- La Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Guillermo Anaya Llamas, se reunió con el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, a fin de conocer los avances del Programa de Prevención de la Violencia que se implementará a partir del 15 de mayo y en el cual se tienen focalizadas 57 demarcaciones del país.

El diputado Anaya Llamas afirmó que la seguridad pública es uno de los temas que más importan a los mexicanos y “el problema más sensible que tenemos en nuestro país, en las diferentes regiones, estados y municipios”.

Refirió que en la Comisión se han aprobado reformas que inciden en el propósito de tratar de tener un país más seguro y poder tener paz y tranquilidad a favor de la población. Manifestó su disposición para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país.

Por su parte, el diputado Trinidad Secundino Morales Vargas (PRD), mencionó que en estados como Coahuila y Chihuahua la percepción de la gente es que no han bajado los índices de violencia.

Expresó su preocupación por el subsidio que se daba a los municipios para la seguridad y que en muchos de los casos se han desmantelado y quedado obras a medias.

En tanto, la diputada María Elena Cano Ayala (PRI), comentó que existe preocupación sobre asuntos policiacos. “Tenemos una serie de dudas del famoso examen de confianza, si es veraz, eficiente, apropiado, idóneo y qué se está haciendo con los policías desempleados, porque pueden engrosar las filas de la delincuencia”.

Cuestionó si en la estrategia de prevención de la violencia se contemplan las zonas rurales. “En el tema de la niñez, con mucha frecuencia es parte de grupos vandálicos, ¿hasta dónde se están tomando realmente todas las prevenciones?”, interrogó.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) enfatizó que un tema preocupante de inseguridad es el de las zonas fronterizas, por lo que cuestionó qué programas se implementan para evitar los casos de trata de personas, violencia y tráfico de enervantes.

Preguntó qué acciones o programas se implementarán en la subsecretaría para reforzar y garantizar la seguridad de profesorses en las escuelas y evitar que la educación se desarrolle en un entorno de violencia para los estudiantes.

Por el PAN, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos dijo que el problema de la violencia en México tiene que ver con la desigualdad, por lo que el gobierno tiene que redireccionar la política social del país “porque no puede ser que un programa como Oportunidades sea desplazado con una Cruzada contra el Hambre”.

El diputado Raúl Macías Sandoval (PRI) subrayó que la estrategia que sigue el Gobierno Federal es la correcta porque se abarcan dos aspectos importantes: el preventivo y el correctivo.

Consideró que el problema está en la sociedad, en los niños, en los jóvenes y si no se ataca de fondo, ellos van a ser los recursos humanos de los cuales se nutra la delincuencia organizada. “No puede haber desarrollo sin seguridad y la inseguridad la está creando la delincuencia organizada”, subrayó.

En su turno, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI), recalcó que ésta es una estrategia fundamental y pidió revisar las reglas de operación del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) porque en algunos estados hay un decremento.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) mencionó que se deben tener programas detectados en todas las áreas para que realmente este programa de prevención funcione. “Es el momento de que el gobierno fije estas estrategias para que los padres de familia también hagan lo que les corresponde”.

En tanto, la diputada María Guadalupe Sánchez Santiago (PRI) manifestó su preocupación por la violencia que sufren las mujeres adolescentes porque muchas veces es en su casa donde la padecen.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez consideró que si no se conjuga la prevención a través de los programas sociales la cultura, la conciencia, la educación, el trabajo, pero también con el accionar de las policías en los tres órganos de gobierno, esto sería una falacia.

También participaron los diputados Consuelo Argüelles Loya (PAN), Joaquina Navarrete Contreras (PRD) y Ernesto Alfonso Robledo Leal (PAN).

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, explicó que el Programa de Prevención de la Violencia busca enfrentar las causas y origen de los problemas de seguridad.

Detalló que la estrategia de prevención tiene cuatro acciones de carácter nacional: Una se refiere a la violencia en el entorno familiar en donde en muchos casos se generan estos fenómenos de violencia. Otra, enfrentar los problemas de violencia en el entorno escolar; una tercera se refiere al combate a las adicciones a partir de una visión de salud pública, y la cuarta tarea es detectar de manera oportuna los problemas de aprendizaje en los niños a partir de fenómenos visuales y cognitivos.

Recordó que la Cámara de Diputados aprobó dos fondos vinculados con la prevención, uno de ellos por más de 115 mil millones de pesos que significan un conjunto de acciones y que están integradas por nueve secretarías que forman la Comisión Intersecretarial para la Prevención de las Violencias.

Mencionó que todas las secretarías van a llevar a cabo acciones de prevención en las poligonales y se van a tener de manera concentrada, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, acciones de CONACULTA para formar orquestas de niños, grupos de teatro, torneos para fomentar el deporte y programas de atención a la violencia en esas demarcaciones.

Afirmó que también se aprobó un fondo adicional de dos mil 500 millones de pesos que habrá de distribuirse de manera focalizada en 57 demarcaciones en todo el país.

El subsecretario subrayó que los programas de prevención para ser eficaces deben ser focalizados y en ellos están involucrados 57 demarcaciones que son: dos delegaciones del Distrito Federal, Gustavo A. Madero e Iztapalapa; siete zonas metropolitanas entre ellas las de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Cuernavaca, Tampico y Guadalajara; y 48 municipios en el país.

Se calcula, dijo, que se van a tener en estas 57 demarcaciones alrededor de 250 poligonales y mil colonias en todo el país para efectos del programa de prevención.

Aclaró que, en coordinación con estados y municipios, se identifica en cada una de esas demarcaciones cuáles son las zonas en que se generan esos fenómenos de violencia. “Se trata de que el programa se focalice no solamente en estas demarcaciones, sino que además en cada una de ellas se identifiquen los polígonos, las colonias, las comunidades donde se están generando estos casos de violencia”.

Mencionó que algunos de los datos que se incorporan son la colonia de origen de la gente que ha entrado a la cárcel en los últimos años y la información de deserción escolar.
El funcionario sostuvo: “no hay, de ninguna manera, una estrategia para ocultar la información sobre la inseguridad que se vive en el país. Todo lo contrario, estamos fortaleciendo con los recursos, observatorios ciudadanos en cada entidad federativa, los cuales son independientes con la idea de que puedan ser ciudadanos quienes evalúen el resultado de las acciones que se llevan a cabo”.

Campa Cifrián comentó que el problema de las zonas fronterizas es que más de la mitad de la gente que se detiene son centroamericanos y por ello se trabaja de manera coordinada con los gobiernos y los municipios de la frontera.

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