10-04-2013 La Comisión de Agua Potable y Saneamiento llevó a cabo la instalación del Consejo Técnico Consultivo, conformado por 43 especialistas en los temas de abastecimiento, saneamiento, calidad y preservación del vital líquido.

El diputado Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión, dijo que el tema hidráulico debe ser prioritario presupuestalmente, ya que sin agua no hay certeza para el desarrollo urbano y las actividades productivas del país.

Señaló que el Consejo Técnico tendrá como labor sustentar los trabajos relativos a la conformación de la Ley de General Agua Potable y Saneamiento y las modificaciones pertinentes en la materia para cumplir con las recientes al artículo 4 de la Constitución.

Asimismo puntualizo que los análisis realizados por el Consejo contribuirán a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Óscar Pimentel González, coordinador general de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua afirmó que se debe redefinir la política en la materia con la participación de toda la sociedad, para ello es necesario impulsar una reforma jurídica que permita el aprovechamiento sustentable del agua.

Añadió que el Compromiso de la Conagua será atender la garantía en servicios accesibles a la población, asegurar el abastecimiento para la seguridad alimentaria y lograr un manejo responsable del líquido.

Reiteró su compromiso por trabajar conjuntamente en los temas hídricos, en el ramo presupuestal para impulsar los proyectos estratégicos para hacer del agua un elemento que esté a favor del bienestar y progreso del país.

En su intervención, Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México indicó que la metrópoli representa un serio problema en escasez e inundaciones debido a que está asentada sobre una laguna y por la disminución de los recursos presupuestales para la materia.

En este sentido explicó que en el 2009 se destinaron para el sector mil 885 millones de pesos, para el 2013 se otorgaron tan sólo mil 29 millones, esto ha permeado en el tema de inundaciones, ya que se necesita grandes recurso para atender este problema que presenta la Cuidad de México.

Subrayó que si no se resuelve el problema del agua en la región se puede presentar un problema de gobernabilidad, por ello se deben revisar las tarifas y el financiamiento del sector por parte de los subsidios del gobierno federal.

Enfatizó que es necesario actualizar la Ley General de Agua, ya que no se adecua a las nuevas realidades del país en materia ambiental, demográfica, abastecimiento y calidad.

Por su parte, Óscar Armando Monroy Hermosillo, integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento mencionó que es necesario realizar tratamientos para infiltrar agua de lluvia y tratar el agua de las ciudades para que están sean utilizadas en zonas rurales para el riego.
De igual manera sostuvo que las plantas de tratamiento de agua pueden ser sustentables si se genera un adecuado proceso anaerobio, ya que de esta forma se podría utilizar el metano producido como fuente de energía.

En cuanto a las tarifas refirió que se debe impulsar un nuevo tabulador tarifario, donde exista un nivel de confort que oscile entre los cien litros de habitantes al día y para las industrias se establezca otro tope mínimo y sí se excede en el consumo se determinen costos exponenciales, lo cual contribuirá al consumo adecuado del agua.

A su vez, Úrsula Oswald Spring investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM manifestó que se debe impulsar el diseño de un modelo integral donde intervenga el sector económico, ambiental, política y la participación ciudadana de una Ley General del Agua eficiente.

Enfatizó que el recursos del agua es un derecho humano, sine embargo es necesario que se pague si se presenta un consumo indiscriminado y las personas que ahorran se les debe premiar.

Finalmente Emilio Rangel Woodyard, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento externó su apoyo del sector que representa y se comprometió a contribuir en estudios y mecanismos que permitan promover y contribuir al desarrollo operativo, técnico, legal y financiero de los organismos públicos, concesionados o mixtos, prestadores de los servicios de suministro, saneamiento y tratamiento de aguas.

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