23-04-2013.- La Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para que los extranjeros puedan adquirir tierras cuando éstas sean exclusivamente para uso de vivienda sin fines comerciales, en la llamada área restringida, es decir, una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas.

Las reformas al artículo 27 de la Constitución Política, aprobadas por 356 votos a favor, 119 en contra y 2 abstenciones, precisan que ello deberán convenirlo los extranjeros con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Se detalla que en la actualidad, la suscripción de Tratados Internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de Organismos Internacionales, así como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la inversión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para el país.

En el dictamen, se indica que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 2000 al 2012 fueron autorizados 48,559 permisos para constituir fideicomisos en zona restringida.

La SRE, mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril de 1971, fue autorizada para conceder a las instituciones nacionales de crédito permisos para adquirir como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD), señaló que la reforma constitucional en materia de propiedad para extranjeros, permitirá que éstos tengan la posibilidad de adquirir patrimonios en la denominada zona restringida, la cual comprende una franja de 100 kilómetros al interior del país, de las fronteras, y de 50 kilómetros en las playas.

Resaltó que es necesario actualizar a la realidad social el texto de la Constitución, debido a que han sido superadas las circunstancias históricas que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquieran tierras y aguas en las fronteras y playas.

Mencionó que la razón de ser de la zona prohibida es sólo histórica y, en consecuencia, la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico.

Julio César Moreno destacó que el Estado seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesorios, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales, respecto de tales bienes y se comprometan a no invocar por lo que hace a estos la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario perderán en beneficio de la nación.

El permitir que los extranjeros adquieran tierras en la zona restringida, dijo, se condiciona a cuatro aspectos: el uso de las tierras será para vivienda única y exclusivamente; utilización no sea comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación.

Además, el extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores y en caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación.

Puntualizó que en las disposiciones transitorias se plantea que la ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierda en beneficio de la nación los bienes que hubiese adquirido en caso de que las tierras sean destinadas a un uso diferente a la vivienda, con el propósito de que exista una sanción en caso de contravenir el uso que el extranjero le otorgue al inmueble.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez indicó que es necesario adecuar la norma jurídica a la realidad, perfeccionándola. “La medida será un detonante del desarrollo económico que generará crecimiento y empleo, así como un aprovechamiento sustentable de los recursos y capacidades con que cuentan las diferentes regiones del país”.

El diputado Raúl Paz Alonzo (PAN) puntualizó que la reforma permitirá a México dar un paso para consolidarse como una potencia turística, un destino no sólo de visita, sino de residencia para extranjeros en edad de retiro. “Se busca terminar con la simulación que hoy existe, que permite que los extranjeros adquieran propiedades en la zona restringida a partir de la celebración de fideicomisos, sociedades anónimas u otras artimañas legales”.

A su vez, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD) se manifestó en contra, toda vez que la reforma rompe con el principio histórico de la zona prohibida. “El país no está en subasta. Reconocemos que existe simulación, a través de fideicomisos. Hay que hacer una serie de reformas que de manera integral se enfoquen a este problema de simulación en materia de fideicomisos en las zonas costeras del país”.

La diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM) destacó que la adquisición de la propiedad por parte de extranjeros en suelo nacional, en las llamadas zonas estratégicas, fronteras y playas es un reclamo justo. “Permitirle a no nacionales la adquisición de propiedad será una puerta a mayor progreso y en ningún instante debe verse como un riesgo”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila resaltó que ahora por la vía de una reforma constitucional “nuestras tierras le son devueltas al capital, pero al capital extranjero. La nación ya no lo es más, ahora México es para los que tienen dinero, no para los que se dicen mexicanos, no para quien trabaja y cuida la tierra, sino para aquel que tiene para comprarla”.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) argumentó que el dictamen no está fundado ni motivado. “Las razones por las cuales rechazamos esta reforma son porque las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Se va a cerrar más aún el acceso a las playas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) expresó que con estas reformas se erradica un vicio y una práctica que actualmente acontece en el país. “Es suprimir los simulacros permanentes a través de fideicomisos para tener la posesión y la propiedad de tierras por parte de los extranjeros en zonas prohibidas”.

Al hablar en contra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) dijo que la defensa de los intereses nacionales no es un asunto de moda sino de convicciones, principios y valores. “Es un tema de soberanía, de seguridad nacional y de nacionalismo. No podemos reformar la Constitución como si fuera un contrato mercantil”, indicó.

El diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) cuestionó si no existe otra vía para evitar una simulación que proceda a raíz de la adquisición de tierras a través de fideicomisos y agregó que al no haber en el texto constitucional una consecuencia jurídica a la violación, se está generando el paso a una nueva simulación.

Del PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra manifestó que no hay ningún miedo sino una gran oportunidad, en la generación de empleos, de riqueza y prosperidad de la nación. “Llevemos al país a la modernidad y acabemos con esta clase de tabúes constitucionales”.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) puntualizó que el proyecto “es hacernos esclavos en nuestra propia tierra. Sin reformas a la Constitución, ya se han hecho. La redacción de la propuesta no es transparente”.

A su vez, el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) resaltó que se debe dejar el recelo “como si fuéramos a perder el territorio nacional por concederle a la certidumbre jurídica, a todos aquellos extranjeros que quieren venir a colaborar con México de que la tierra que están comprando o el inmueble en el que van a habitar es de ellos”.

El diputado Roberto López González (PRD) dijo: “Hoy se están manifestando como simples vendedores del país y quienes no compartimos esa posición lo menos que podemos hacer es venir a expresarlo, para pedirles que votemos en contra de este dictamen”.

Posteriormente, el diputado Ricardo Villarreal García (PAN) argumentó que en el país hay más de 50 mil fideicomisos con los cuales los extranjeros poseen los bienes en los litorales y en las playas, y los únicos que ganan son los bancos. “Tenemos que legislar por el bien de los mexicanos. No podemos seguir legislando solamente por el bien de unos cuantos abogados, gestores y de los bancos que generan estos fideicomisos”.

El diputado Alfredo Zamora García (PAN) anunció su voto en contra, porque “consideramos que esta reforma tal como está el precepto constitucional, no ha detenido el progreso, el avance de las zonas costeras de nuestro país y me parece que es inaceptable este cambio”.

Se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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