19-08-2013 La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó en lo general y en lo particular, con 19 votos favor y una abstención, los tres dictámenes a las iniciativas de las leyes secundarias de la reforma educativa, enviadas por el Ejecutivo federal.

Las iniciativas, que se desprenden de la reforma al artículo tercero constitucional, prevén expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y modificar diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Miguel Ángel Aguayo López (PRI), secretario de la Comisión, en funciones de presidente de la misma, pidió a los diputados que hicieron reservas que este martes las pasen a la presidencia a fin de que estén inscritas en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados para los efectos correspondientes, ya que se van a remitir junto con los dictámenes.

Previamente, el presidente de la Comisión, diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), pidió al secretario de la misma, diputado Miguel Ángel Aguayo López, que asumiera la conducción de la reunión y se retiró, argumentando que las iniciativas en materia educativa del Ejecutivo federal no reflejan el fortalecimiento del maestro como un profesional.

Aguayo López propuso que los dictámenes de las leyes reglamentarias de las reformas educativas fueran aprobadas en lo general y en lo particular y que diputado hiciera sus reservas en su momento para este martes o en el Pleno”.

Pidió que la votación de los tres dictámenes, elaborados por diputados del PRI, PAN y del PVEM, se hiciera en un sólo acto y de manera nominal.
Luego de ser aprobados los dictámenes, el diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) expresó: “tengamos la certeza de que estamos actuando bien, conforme a la legalidad de acuerdo a nuestras disposiciones internas como Comisión y que los dictámenes que acabamos de aprobar van en concordancia plena a la reforma constitucional que fue promulgada el 26 de febrero”.

“Cada uno de nosotros debe estar consciente de que este trabajo, que hemos hecho en conjunto varios grupos parlamentarios, es serio, por nuestro país, por nuestra nación y debemos sentirnos orgullosos y satisfechos”, agregó.

La diputada Guadalupe Mondragón González (PAN) recalcó que en su partido van a favor de los maestros y del magisterio y que “no haríamos algo que los perjudicara en sus salarios. No podemos ir en retroceso de la Ley General de Trabajo”.

“Los maestros que hasta el momento están en las distintas escuelas de nuestra República no van a ser despedidos, no se les va a quitar su salario; al contrario, se les va apoyar durante tres ocasiones para que se actualicen y puedan estar frente a grupo”, subrayó.

Al inicio de la reunión, Mondragón González explicó que el proyecto de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plantea crear un ordenamiento jurídico que regule el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y a dicho instituto.

Precisa que la evaluación consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del Sistema.

Dicha evaluación tendrá como fin contribuir a mejorar la calidad de la educación, orientar la formulación de políticas educativas y el diseño e implementación de planes y programas que de ellas deriven.

Asimismo, ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las autoridades educativas; mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional.

Igualmente, facultar al Instituto para coordinar el Sistema, así como evaluar su calidad, desempeño y resultados en lo que se refiere a la educación básica, media y superior, tanto pública como privada en todas sus modalidades y servicios. Establecer, además, la estructura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

En su turno, la diputada Adriana Fuentes Téllez (PRI) detalló que el proyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente tiene como objetivo establecer los perfiles, parámetros e indicadores del servicio profesional docente; regular los derechos, obligaciones y sanciones, y asegurar la transparencia y rendición de cuentas.

Del mismo modo, se establecen los criterios, términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Delimitar las atribuciones en la materia del INEE, de las autoridades educativas locales, de los organismos descentralizados y de la Secretaría de Educación Pública.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) expuso que las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Educación plantean que el Sistema Educativo Nacional deberá asegurar la participación activa y con responsabilidad social de todos los involucrados en el proceso educativo. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo.

Se incluyen a los padres de familia como integrantes del SEN, al Servicio Profesional Docente (SPD), del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y de la infraestructura educativa.

También se propone sustituir al Consejo Nacional Técnico de la Educación por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), cuyas funciones principales serán coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, evaluar la calidad, el desempeño el resultado del SEN en la educación básica y media superior.

Del mismo modo, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, a fin de mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director.

Al dar sus posicionamientos, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) dijo que es necesario contar con un espacio de discusión para no lacerar el derecho de los trabajadores.

“Aquí escuchamos a todas las voces y fuimos enfáticos en que íbamos a defender el derecho laboral de los trabajadores”, expresó.

En tanto, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) indicó que hay varios temas que preocupan en estas leyes reglamentarias, ya que “se engañaron a los maestros y no se tomaron en cuenta las propuestas de los verdaderos actores de la educación”.
Consideró que también deberían de señalarse las sanciones a quienes incurran en el delito de corrupción por el uso de plaza de docentes.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) subrayó que el dictamen recuperará las propuestas que ha hecho su grupo parlamentario para preservar los derechos de los trabajadores de la educación.

En cuanto a la iniciativa que reforma la Ley General de Educación, en términos generales se limita a incorporar disposiciones específicas para sustentar la figura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación del Servicio Profesional Docente, así como garantizar el principio de gratuidad, expresó.

Del PVEM, la diputada Judit Magdalena Guerrero López indicó que es obligación y responsabilidad de los legisladores modernizar el marco legal.

“Esto es sólo una parte de la gran reforma que estamos esperando, pero quedará pendiente la pedagógica para la formación de los docentes”, sostuvo.
En su participación, Ernesto Alfonso Robledo Real (PAN) señaló que el rezago pedagógico afecta a más de 30 millones de personas mayores de 15 años, por lo que “desarrollar una mejor educación, está relacionado con el impulso al magisterio”, particularmente en los niveles básicos.

Agregó que hacia el primer cuarto de siglo, se deben dar mejores profesores de los que hoy posee el país. Afirmó que éstos son “clave de la calidad educativa de los niños y la meta es conseguir que la figura del maestro tenga plena confianza y respeto en la sociedad”.

Por su parte, Roy Argel Gómez Olguín (PRI) dijo que estas propuestas tienen como finalidad modernizar el sistema educativo y cambiar el modelo atrasado que actualmente se observa.

Recordó que la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución “implicó cambios drásticos” en dicho sistema. Urgió a los legisladores a “brindar los elementos necesarios y la validez jurídica” que les permitan funcionar plenamente.

Respecto al INEE, apuntó que su creación nace a raíz de la importancia de la evaluación de alumnos, docentes y de las políticas educativas del estado.

Detalló que este órgano permitirá valorar a todos los actores en el proceso de enseñanza, así como a instituciones educativas, no sólo públicas, sino también aquellas escuelas de carácter privado que funcionen bajo autorización oficial.

-- ooOoo --